La Fundación Villacisneros hace público su apoyo al manifiesto en apoyo al Archivo General de la Guerra Civil española que ha presentado la asociación Salvar el Archivo de Salamanca para impedir que el Gobierno realice nuevos envíos documentales a la Generalidad de Cataluña y para requerirle la devolución de los que mantiene indebidamente en su poder.

En la imagen, Policarpo Sánchez, presidente de la Asociación, con el manifiesto.

Transcribimos el manifiesto completo. En este vínculo se puede firmar el apoyo a la solicitud: https://www.citizengo.org/es/node/166670

MANIFIESTO DE LA ASOCIACIÓN SALVAR EL ARCHIVO DE SALAMANCA EN APOYO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, CON SEDE EN SALAMANCA

PARA QUE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA NO REALICE NUEVOS ENVÍOS DOCUMENTALES Y REQUIERA A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA LA DEVOLUCIÓN DE LOS QUE MANTIENE INDEBIDAMENTE EN SU PODER

AL EXMO. SR. MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Los partidos políticos, colectivos ciudadanos, asociaciones y familias afectadas abajo firmantes, a través de sus representantes, tienen el honor de apoyar el manifiesto que más abajo se transcribe a fin de exigir el cumplimiento del ordenamiento jurídico en lo referente al Archivo General de la Guerra Civil Española.
Realizamos el presente en virtud de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que textualmente afirma:
“… fue el Ministerio de Cultura el que mediante las Órdenes de 18 de enero de 2006, 30 de julio de 2008, 18 de diciembre de 2008, 17 de mayo de 2010, 24 de noviembre de 2010 y 19 de julio de 2011, autorizó la salida de los fondos documentales y otros efectos depositados en el Archivo General de la Guerra Civil que figuran en la relación que adjuntan para su traslado y entrega a la Generalitat de Catalunya, correspondiendo dirigir la acción contra la Administración del Estado…».

MANIFIESTO
El Archivo General de la Guerra Civil Española, con sede en Salamanca, actualmente integrado en el Centro Documental de la Memoria Histórica, se crea en el año 1999 con la función de reunir, conservar y disponer los fondos documentales que tenían alguna relación con la Guerra Civil Española, con fines de investigación, cultura e información.
El actual Centro Documental de la Memoria Histórica, de titularidad y gestión estatal, dependiente orgánica y funcionalmente de la Subdirección General de Archivos Estatales adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte, tiene como finalidad la de reunir y recuperar todos los fondos documentales y demás efectos que lo integran, relativos al periodo histórico comprendido entre 1936 y 1978, fundamentalmente para que sean puestos a disposición de los interesados y de los ciudadanos en general, siendo una fuente documental de gran valor para historiadores, e incluso ha servido como pilar fundamental de información para solicitar pensiones o indemnizaciones.
En relación con lo anterior, y al amparo de lo Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de lo Guerra Civil y custodiados en el Archivo de la Guerra Civil Española, y sucesivas Órdenes Ministeriales de autorización dictadas en su ejecución, se procedió a trasladar a la Generalidad de Cataluña desde el año 2006 hasta 2014, numerosos fondos documentales que estaban custodiados en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

A estos efectos, interesa mencionar su artículo 2.2, cuyo tenor literal es el siguiente:
» … el Estado transferirá a la Generalidad de Cataluña los documentos, fondos documentales y. otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña, por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, creada en virtud del Decretó dé 26 de abril de 1938, o en aplicación del Decreto de 13 de septiembre de 1936, que están custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española.»

Del mencionado precepto resulta que únicamente se podrán restituir a Cataluña los documentos que cumplan los requisitos señalados en el mismo; es, por ello, que deben ser documentos incautados en Cataluña, a personas físicas o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en dicha Comunidad Autónoma, quedando excluidas las actuaciones que excedan de las previsiones y ámbito señalado.
Lo anterior tiene repercusiones para todos los españoles, independientemente del lugar donde residan, al haberse producido traslados de documentos sin cumplir los requisitos legales. Así, fondos documentales valencianos, murcianos, madrileños, asturianos o aragoneses, entre otros, se mantienen indebidamente en poder de la Generalidad de Cataluña.

Especialmente relevante resulta la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013, dictada con ocasión del recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y León contra la Ley 21/2005 anteriormente referida. Dicha sentencia señala que la transferencia de fondos documentales a la Generalidad no es incondicionado, sino que tiene como objetivo su restitución a los propietarios originarios o a sus sucesores, señalando también que «si la transferencia de los documentos se produce a los efectos de ser restituidos, y esta restitución no se puede producir, por no haberse podido acreditar la titularidad de los mismos, tales documentos siguen integrando un archivo de titularidad estatal. »

Como ya ha quedado mencionado al inicio de la parte expositiva, el archivo de titularidad estatal al que se refiere es el Centro Documental de la Memoria Histórica, cuya función es la de custodiar este tipo de documentos y efectos, que estaban depositados en él antes de su traslado a Cataluña, por lo que carece de sentido pensar que los que no han podido ser entregados a sus propietarios o sucesores queden depositados en un lugar distinto del Centro, lugar al que deben ser restituidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto, considerando lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013 y, en el marco de la Ley 21/2005, procede devolver al Centro Documental de Salamanca todos los documentos, fondos documentales y otros efectos de la Guerra Civil transferidos a la Generalidad de Cataluña vulnerando el mandato legal, así como aquellos que no han sido restituidos a sus titulares.

Por otra parte, el 18 de junio de 2014 el Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica fue informado de la decisión del Ministerio de Cultura de llevar a cabo el último envío de documentos a la Generalidad de Cataluña, que fue consumado en meses posteriores. La Nota hecha pública por el Ministerio de Cultura, a través de la Secretaría de Estado de Cultura, no dejaba lugar a dudas: “Con este envío finaliza el proceso de restitución de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña”.
Así mismo, en dicha Nota se daba pública cuenta de dos cuestiones que también habían sido trasladas y tratadas en el Patronato del CDMH:
1ª) Que, como literalmente decía la Nota. “Las últimas sentencias del tribunal Constitucional, emitidas en 2013, establecen que la Generalitat debe recibir los documentos de particulares para entregárselos a sus propietarios originales o a sus sucesores. En caso de no poder acreditar la entrega, tales documentos se deberán reintegrar en un archivo de titularidad estatal, como es archivo del CDMH. Debido al alto número de documentos pertenecientes a particulares y organizaciones que ya no existen o no poseen un sucesor claro, estos se han retirado del envío previsto inicialmente. Ejemplo de estas instituciones desaparecidas son el partido político Unión Patriótica, el Socorro Rojo Internacional o Solidaridad Internacional Antifascista”.
2ª) Que por el motivo anterior, y también en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional, el Ministerio iba a reclamar a la Generalidad de Cataluña que reintegrara “aquellos documentos remitidos en envíos anteriores y que, sin embargo, no ha podido devolver a sus propietarios, ya sean particulares u organizaciones que ya no existen o no poseen un sucesor claro”.

En coherencia con lo señalado, el Ministerio de Cultura del anterior Gobierno de España reclamó a la Generalidad el cumplimiento de la Ley, en los términos señalados por el Tribunal Constitucional, y la consecuente devolución de documentos de particulares que la Generalidad no había reintegrado a sus titulares legítimos (en muchos casos porque esos titulares habían manifestado que preferían que siguieran custodiándose en el Centro Documental de la Memoria de Salamanca), sin que el Gobierno de Cataluña haya atendido las peticiones del Ministerio de Cultura, en nombre del Estado.
La Generalidad de Cataluña se ha situado así, una vez más, en una situación de rebeldía respecto del cumplimiento de la legalidad vigente. Por ello, ha llamado poderosamente la atención que la Consejera de Cultura de la Generalidad de Cataluña haya solicitado al Ministerio de Cultura la devolución de varios miles de documentos adicionales, y, todavía más aún, que el actual Ministro de Cultura del Gobierno de España haya accedido a atender las reclamaciones de la Generalidad, sin exigirle antes firme y públicamente el cumplimiento estricto y sin más dilación de la propia Ley en que la Generalidad basa sus reclamaciones.

Por todo ello, entendemos que no cabe hablar con la Generalidad de Cataluña, dirigida por separatistas que quieren romper la unidad de España, sobre más entregas a la misma de documentos del antiguo Archivo General de la Guerra Civil Española, pues el propio Ministerio de Cultura ya había afirmado en 2014 que con el envío anunciado al Patronato del CDMH en junio de dicho año, y realizado posteriormente, se producía la última restitución de documentos a la Generalidad de Cataluña en cumplimiento de la legalidad.
En cambio, sí consideramos del todo necesario que, ante la negativa y resistencia de la Generalidad a cumplir la Ley, y los requerimientos del Ministerio de Cultura realizados a tal efecto, el estado ejerza las acciones pertinentes frente a la Generalidad de Cataluña para hacer cumplir la legalidad vigente.

Por todo lo expuesto anteriormente, y en el convencimiento de que el Archivo General de la Guerra Civil es patrimonio de todos los españoles, y que su integridad garantiza los fines para los que fue creado, todos los comparecientes en la representación que ostentan.

ACUERDAN:

PRIMERO.- Los firmantes, por medio del presente manifiesto, muestran su más firme apoyo a la integridad del Archivo de la Guerra Civil Española, con sede en Salamanca, y la necesidad de cumplir las leyes y las resoluciones judiciales.

SEGUNDO.- Todos los suscriptores del presente documento exigen del Gobierno de España que rechace cualquier petición de restitución de nuevos documentos del Centro Documental de Memoria Histórica a la Generalidad de Cataluña, al haberse realizado en 2014 la última entrega de documentos en cumplimiento de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, finalizando, con ella, el proceso de restitución.

TERCERO.- Se requiere al Gobierno de España, de acuerdo con la Ley y las resoluciones judiciales, que exija y actúe ante la Generalidad de Cataluña para el efectivo cumplimiento del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, la devolución inmediata al Archivo de Salamanca de toda la documentación indebidamente recibida desde el año 2006, así como la devolución de los documentos no restituidos por la Generalidad a sus titulares legítimos, por formar parte integrante del mencionado archivo de titularidad estatal. El Gobierno deberá ejercer las acciones de todo tipo que resulten procedentes para hacer cumplir a la Generalidad de Cataluña la legalidad vigente.

Madrid, a 14 de febrero de 2019

https://www.citizengo.org/es/node/166670