«Los que se oponen a cualquier proyecto de convivencia que afecte a todos los españoles tienen derecho, sin duda, a defender sus ideas. Pero los que creemos en la posibilidad de construir un país nuevo, democrático e incluyente, no podemos considerar ingenuamente que la escritura de la Historia es una actividad secundaria. Porque no lo es»

La Historia nos ayuda a interpretar el pasado. Eso es lo que todos creemos. Lo que no solemos pensar es que también nos ayuda a comprender el presente. No sólo porque su magisterio resulte valioso para analizar la realidad actual, sino porque la forma en que se escribe refleja el universo mental de sus autores. El historiador, al elaborar la interpretación de los hechos, no puede sustraerse a proyectar sobre ellos sus deseos, sus temores y sus fobias. El pasado que supuestamente refleja no es con frecuencia sino una imagen del futuro que a él le gustaría construir. Por eso, cuando en un país se producen versiones radicalmente diferentes, esa discordancia evidencia la existencia de una fractura que se debería corregir.
Veamos, a modo de ejemplo, lo que sucedió en la España de principios del XIX. Los ilustrados habían sido tachados en el siglo anterior de tibios y afrancesados, pero ahora, con las tropas francesas en territorio nacional, la acusación adquirió una mayor gravedad. Napoleón justificó la agresión afirmando que quería ayudar a los españoles a modernizarse y consiguió con ello el apoyo de una buena parte de las élites cultas. Pero facilitó también que, al final de la guerra, los conservadores aprovecharan la ocasión que se les brindaba y, con el apoyo de Fernando VII, intentaran monopolizar el sentido mismo de lo español. Sin preocuparse por diferenciar entre afrancesados y liberales, a pesar de que los últimos habían luchado contra el invasor, acusaron a todos de traidores y los enviaron a las cárceles o al exilio.
En esas circunstancias, viendo cuestionada su condición de españoles, y todo por querer sacar al país de su atonía, algunos liberales comenzaron a pensar que necesitaban arraigar sus ideas en suelo español. Con ese fin, elaboraron una nueva interpretación de la historia nacional que era una copia invertida de la que existía en esos momentos. A la España del Altar y el Trono, tutelada por Castilla y dominada por la Iglesia católica, opusieron otra articulada en torno a tres mitos centrales: los comuneros, los fueros medievales y al-Andalus. Los comuneros y los fueros medievales representaban en ese esquema una idea pactada de la nación, democrática y respetuosa con la identidad de los distintos pueblos que la componían, que era genuinamente española y sólo pudo ser destruida por la llegada al poder de dinastías extranjeras (Austrias y Borbones). AlAndalus, por otra parte, comenzó a encarnar para algunos de los exiliados un modelo alternativo de país, avanzado, culto y tolerante, que era sospechosamente similar al que ellos querían construir. La denominada Reconquista, eje articulador de la España tradicional, fue reinterpretada como una guerra civil entre conservadores y progresistas. Una guerra que, al igual que estaba sucediendo ahora, había perdido el bando que menos lo merecía.
Estas dos versiones de la historia nacional, opuestas e irreconciliables, marcan el nacimiento de una fragmentación extrema en la identidad española (las «dos España») que explica la proliferación de guerras civiles en los dos siglos siguientes. La responsabilidad inicial de que así sucediera recae principalmente en los representantes de la España tradicional. Con su actitud cerrada e intransigente, se propusieron monopolizar en exclusiva el espacio nacional, expulsando de él a todos los que no comulgaban con sus ideas. Intentaron hacer con los liberales lo que habían hecho antes con judíos y musulmanes. Al excluirlos física y simbólicamente del país, los obligaron a crear uno nuevo. La pugna por controlar el espacio nacional se desplazó así al terreno de las tradiciones inventadas y de los mitos. La España actual es en gran parte resultado de ese enfrentamiento que culminaría en la guerra civil del 36.
Los acontecimientos que sucedieron a la muerte de Franco hicieron pensar a muchos que, escarmentados por la magnitud de la tragedia vivida, finalmente los españoles habían hecho un gran esfuerzo para superar la polarización. Durante la Transición, las principales fuerzas que componen el panorama político (izquierdas, derechas y nacionalistas) parecieron dispuestas a ceder una parte de sus aspiraciones para alcanzar acuerdos mínimos que posibilitaran una convivencia estable. Pero, paradójicamente, en la nueva España democrática, la escritura de la Historia se fragmentó más que nunca. Dependiendo de quién controlara los mecanismos del poder, en las diversas autonomías aparecieron versiones del pasado que no sólo eran diferentes, sino en gran parte incompatibles. Lo que evidencia dos cosas. Por una parte, que hubo grupos que, en contra de lo que dieron a entender, nunca estuvieron dispuestos a ceder una parte de sus aspiraciones para crear un proyecto viable de país. Sus concesiones no significaron una muestra de flexibilidad, sino la aplicación de una estrategia coyuntural. Por otra, que los españoles que se involucraron honestamente en la creación de un país nuevo, no comprendieron la importancia de negociar la escritura de una historia común. No fueron conscientes de que la interpretación del pasado no es una actividad inocua. La historia que se enseña en las escuelas, al igual que los mitos y los símbolos que de ese modo se crean, implican la formulación de un proyecto.
En esa situación es en la que ahora nos encontramos. Si queremos crear un país nuevo, tenemos que negociar la escritura de una historia integrada. Una historia de ese tipo es muy probable que no sea totalmente satisfactoria para nadie (ni es bueno que así sea), pero debería ser mínimamente aceptable para todos. Si queremos un futuro común, necesitamos crear un pasado común. Ese pasado puede escribirse de muchas maneras, sin duda, pero si no conseguimos ponernos de acuerdo sobre la manera de hacerlo, difícilmente podremos encontrar formas de convivencia que superen la polarización política de los dos últimos siglos. Los que se oponen a cualquier proyecto de convivencia que afecte a todos los españoles tienen derecho, sin duda, a defender sus ideas. Pero los que creemos en la posibilidad de construir un país nuevo, democrático e incluyente, no podemos considerar ingenuamente que la escritura de la historia es una actividad secundaria. Porque no lo es.