El 25 de febrero de 1981, apenas dos días después del fallido golpe de Estado, en la sesión de investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, abrió la sesión con una declaración institucional en la que afirmaba: “Es momento para proclamar nuestra fe en el orden constitucional y declarar paladinamente que hoy un auténtico grito de “iViva España!” no encierra una verdad distinta que la de “¡Viva la Constitución!” y “¡Viva la democracia!“.

Esta declaración institucional cobra renovado vigor a la luz de lo ocurrido en los últimos años de nuestra relativamente joven pero ya no inmadura democracia. La Constitución, de la que este año celebraremos su cuadragésimo aniversario, no sólo está más vigente que nunca, sino que ha adquirido mayor importancia para el futuro de nuestra convivencia como comunidad política. Flaco favor nos haríamos los españoles si celebráramos nuestra Constitución tan solo con el espejo del pasado. Es justo y necesario rendirle tributo al tiempo que reivindicamos su futuro.

Al contrario de la imagen caduca que se pretende transmitir desde algunos sectores, la Constitución Española de 1978 está demostrando su vigencia y utilidad para dar respuesta a las amenazas contra nuestros derechos fundamentales y libertades por parte de la convergencia entre el secesionismo catalán y el populismo de corte izquierdista radical. El separatismo no sólo ha puesto de manifiesto la fortaleza de nuestra Ley fundamental; ha evidenciado, además, que los males que nos afligen no son consecuencia de nuestra Constitución, sino de su falta de aplicación. De hecho, si se hubiera cumplido y hecho cumplir lo contemplado en el espíritu y la letra de la Constitución, el nacionalismo vasco o catalán -y sus terminales en Navarra, Baleares o Comunidad Valenciana- no habrían podido hacer uso de la Administración pública para adoctrinar y crear organismos contrarios al pluralismo democrático.

Nuestros “problemas” territoriales no son fruto de la Constitución. Las causas no hay que buscarlas en las excusas de malos gobernantes como el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, más proclive a eludir responsabilidades y refugiarse en los “encajes” de unas “nacionalidades” sobre las que el filósofo Julián Marías advirtió que crearían graves problemas. La preocupación del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1996 no era respecto de “las consecuencias que se van a derivar de esto para la nación española en su conjunto, sino muy particularmente para aquellas de sus partes que hagan uso político de este ambiguo, vago y desorientador término de «nacionalidad».”

Un peligro que también estuvo presente en el discurso de investidura del presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, quien no dudó en afirmar su compromiso con el autonomismo como expresión de la patria común: “Sí, sin vacilaciones y sin reservas mentales ni de ningún orden, a las autonomías, en las que veo no sólo un mandato ineludible de la Constitución y de los Estatutos. […] Pero no, claramente, a un entendimiento ligero de las autonomías como disolución de una patria común forjada por la historia y llamada a servir eficazmente, en el terreno no sólo cultural, sino político, a todos sus hombres.”

Marías y el presidente Calvo-Sotelo vieron con toda claridad los problemas que podía acarrear una interpretación torcida de las “nacionalidades”. Y no se equivocaron. Los españoles hemos presenciado cómo el secesionismo, sin ser una demanda surgida de la sociedad, ha construido en Cataluña una maquinaria cultural y política que amenaza gravemente las libertades de los catalanes y, en consecuencia, de todos los españoles. Todo ello, como consecuencia de haber hecho de la deslealtad hacia nuestra Constitución y el agravio impostado el pilar del proyecto excluyente nacionalista. El camino recorrido era evitable si no hubiésemos dejado de aplicar de forma íntegra la ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico.

Pero los errores del pasado no tienen por qué determinar nuestro futuro. Tampoco es necesario recurrir a una bola de cristal para dar solución a los problemas que nos aquejan. Miremos a nuestra Ley de Leyes. Reivindiquemos su futuro sin miedo a equivocarnos y demos desarrollo a su contenido, porque dentro de ella encontramos respuesta a los legítimos reclamos de la sociedad española como, por ejemplo, los relativos a la justicia, la democratización de los partidos políticos y la existencia de fuerzas que atentan contra el propio modelo de convivencia, debate que ha resurgido con motivo del secesionismo.

Ahora que el Consejo de Europa ha cuestionado la independencia de nuestro poder judicial por la ausencia de criterios objetivos en la elección de los miembros que forman el Consejo de General del Poder Judicial (CGPJ), conviene recordar que nuestra Constitución no prevé en su articulado que los veinte vocales tengan que ser elegidos por el Poder Legislativo. De hecho, y como es sabido, doce de los veinte miembros del CGPJ eran elegidos por sufragio directo de los miembros de la carrera judicial hasta que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 cambió el sistema de elección para ponerlo enteramente en manos del Congreso y el Senado. Esto demuestra, una vez más, la perfecta validez de la Constitución Española de 1978 si existe verdadera voluntad de despolitizar la justicia, demanda compartida por una amplía mayoría de españoles. Si en su día se atribuyó a Alfonso Guerra la jactancia de que “Montesquieu ha muerto”, ya va siendo hora de resucitarlo.

Respecto a la democratización de las formaciones políticas, no es ningún secreto que los partidos políticos españoles muestran graves deficiencias como instrumentos para la participación política y a la hora de atraer talento a sus filas, principalmente por dos motivos: por un lado, la ausencia de debates políticos creíbles sobre qué se quiere hacer con el poder y, por otro, la inexistencia de mecanismos democráticos que favorezcan la competencia, de modo que se elija a los mejores, se garantice la transparencia y se reduzca el excesivo presidencialismo que caracteriza a nuestras organizaciones políticas. Sin embargo, la Constitución Española expresa con toda claridad que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Del mismo modo, con respecto a la existencia de partidos que atentan contra nuestro propio modelo de convivencia, establece que “la creación [de los partidos] y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”.

Volvamos a la Constitución, fiel reflejo de una idea de España moderna, plural, con vocación reformista y acorde con su historia, para seguir dando continuidad a nuestra Nación y a lo que somos. Exijamos a nuestros representantes su recta aplicación y velemos por su cumplimiento en cada cita electoral. Reformémosla, en caso de ser necesario –ahí está la pendiente reforma electoral-, pero no busquemos soluciones para satisfacer la deslealtad de quiénes abogan por poner fin al marco que garantiza la libertad y la igualdad de todos los españoles. Apliquemos su letra y reivindiquemos su futuro.