Me encuentro entre los muchos millones de españoles que aplaudiríamos con las orejas si el Gobierno de la Nación, aplicando todos los recursos constitucionales y legales que tiene a su alcance, impidiera de manera drástica y contundente la celebración del circo que los separatistas catalanes dicen querer celebrar el 1 de octubre. Eso que la pandilla secesionista llama referéndum y los involuntariamente graciosos podemitas describen como “cajitas sobre la mesa”. Pero también me encuentro entre aquellos que esperan una jornada borrascosa de la que al final, y deseando que la tribu PdCAT/ERC/CUP no caiga en la tentación de la violencia, unas cuantas “cajitas” recojan unos cuantos “votitos” que el Gobierno y la inmensa masa ciudadana española consideren con razón como no existentes, mientras que los fieles que han propiciado el engendro canten victoria y se dispongan a perpetrar nuevas tropelías. Podemos en cualquier caso estar seguros que el 2 de octubre España seguirá teniendo la misma configuración jurídico constitucional que tiene actualmente, a todos los efectos nacionales e internacionales.

Pero el 1 de octubre debería convertirse, en contra de los torcidos deseos del neo totalitarismo catalán, en jornada de reflexión, para que los ciudadanos “libres e iguales” de la “patria común e indivisible”, que con la España constitucional nos identificamos, iniciemos sin demora una reflexión sobre la carrera de despropósitos que ha podido desembocar en esta farsa descompuesta y peligrosa. Y en ello hay que reconocer a los separatistas persistencia, desvergüenza y desparpajo. Como ya hoy sabemos, y muchos ya hace tiempo intuimos, no es de ahora la cosa reivindicativa. Arteramente sembrada desde los tiempos en que Jordi Pujol era todavía tenido por honorable, la propuesta separatista ha ido contando con la cautela/desidia/prudencia/inoperancia/torpeza tanto de la institucionalidad española como de la frágil sociedad civil patria, hasta permitir que los Mas/Junqueras/Puigdemont y sediciosos asimilados envenenen el pasado y el presente de la Cataluña española y lleguen a la convicción de que una osada política de hechos consumados les permitiría hacerse en exclusividad con el patio doméstico en el que ejercer sus desmanes. Y la constatación de que, a pesar de tal combinación de malandrines, España sigue existiendo no debe evitarnos la reconsideración de los errores cometidos y su imprescindible corrección para un futuro sin turbulencias.

El primero y evidente: los separatistas quieren, ni más ni menos, la independencia, y su sed reivindicativa no se verá saciada con ocurrencias al uso, trátese de modelos federales, reconocimientos de las aspiraciones de Cataluña, España “nación de naciones” o despropósitos similares. Tampoco encontrarán alivio, si de buscarlo se trata, en arreglos económicos, ventajas sociales, magníficas infraestructuras o exclusividades educativas. O alternativamente, dicho sea de paso, en versiones más sutiles de tipo referendario que permitieran alterar la sustancia pero mantener el nombre. No existe más nación que la española ni más Constitución que la del 78, y es en esos confines, por demás amplios y generosos, en los que debe situarse la acción política y social posterior al 1 de octubre. Y esta, conviene recordarlo, no ha sido una guerra entre dos bandos iguales, sino más bien la asonada montada desde trincheras delictivas contra el Estado de Derecho español.

El segundo y no menos evidente: la institucionalidad española debe poner todo su empeño en desandar el camino de la desespañolización, desde hace años iniciado en Cataluña por las fuerzas reaccionarias separatistas. Camino que impide que los catalanes, tal y como es su obligación y derecho, conozcan y utilicen la lengua común castellana, o que la historia que reciban en los centros escolares constituya una insultante y ofensiva deformación de la peripecia secular común, o que los medios económicos aportados por todos los españoles a través de sus impuestos sean ilegalmente detraídos por las autoridades regionales catalanas para sus delirios étnicos y sociales. Ello, naturalmente, debería traer consigo un acercamiento profundo y sin complejos a las ventajas derivadas de permanecer unidos en un contexto que garantiza las realidades de la diversidad en sus múltiples manifestaciones y que al mismo tiempo otorga al conjunto la fuerza y la consistencia que en la separación se verían irremediablemente dañadas. Este es, más que ningún otro en los últimos cuarenta años, el momento de la reivindicación constitucional. Y de su correspondiente, y hasta ahora insuficiente, didascalia.

Y entre otras muchas cosas, este es también el momento en que las fuerzas políticas que se reclaman herederas y partidarias de la Constitución actúan en consecuencia sin complejos ideológicos ni tentaciones cortoplacistas. Las que teníamos por pilares del sistema tienen hoy una exigua consistencia catalana y son precisamente sus vacilaciones, en algunos casos marcados por el desvarío y en otros por un indebido sentido táctico de la timidez, las que han propiciado una reordenación de las ofertas partidistas, en donde sin embargo han cobrado nueva presencia las que proclaman sin ambages su reverencia por la unidad de España. Mientras, lógica aprensión suscita la letal amalgama que componen las izquierdas, los independentistas, que no tiene empacho en compartir cartel con militantes terroristas, y los populismos neo castristas. No es este un panorama fácil, pero resulta de contemplación urgente y adecuada si en verdad queremos mantener la España democrática, europea y occidental que libre y masivamente nos dimos en 1978. Y al final recaerá sobre las ofertas políticas la capacidad para convencer a la opinión pública catalana de las ventajas de continuar bajo el amparo de un sistema de normas que con todas sus imperfecciones ha permitido a los españoles, incluyendo naturalmente a los catalanes, vivir la mejor época de libertad y prosperidad que el país ha conocido en toda su historia.

Los protagonistas del 1 de octubre han jugado a la épica y hoy, ya lo sabemos, a lo único que pueden aspirar es a la farsa. Han ofrecido de Cataluña el peor de los contratipos que una región europea pudiera esperar de sus dirigentes. Han traicionado juramentos, leyes, compromisos, conductas. Han inducido a una parte de la población catalana a la práctica de un pensamiento con orígenes míticos que en la realidad solo conduce al crimen o al ridículo. Hora es que la ciudadanía del país llamado España convoque a la práctica colectiva de la razón. Porque a lo mejor la patria no está necesariamente en peligro y no sea este el momento de resucitar al alcalde de Móstoles, pero sí el de clamar colectivamente contra la marrullería del separatismo catalán y, como en otros momentos de la historia reciente, decir sólidamente a coro “Basta ya”. La patria común se lo merece.