Reproducimos el editorial que publicó el diario ABC el pasado 17 de febrero por compartir absolutamente los planteamientos que defiende en sus lineas.

 

El nacionalismo catalán seguirá siendo un problema para la convivencia en Cataluña y, por extensión, en España mientras en esa comunidad autónoma no cambie el sesgo separatista del sistema educativo, de la política lingüística y de los medios públicos de comunicación. El mantenimiento de las mismas condiciones políticas y administrativas que han permitido al separatismo provocar el colapso en Cataluña hará efímeros los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y devolverá a los catalanes a nuevas arbitrariedades secesionistas.

El Gobierno de Mariano Rajoy abrió hace unos días una pequeña esperanza al anunciar que introduciría el castellano como lengua vehicular en la preinscripción para el próximo curso escolar. El control que ha asumido el Ministerio de Educación en Cataluña lo legitima para adoptar esta medida, pero aún más lo amparan las innumerables resoluciones del Tribunal Superior de Justicia catalán y del Tribunal Supremo que han exigido de la Generalitat un bilingüismo efectivo. La respuesta ha sido el desacato a las sentencias y la marginación de las familias que reclamaban para sus hijos el derecho a estudiar en castellano.

España es el único país de Europa en el que el idioma oficial del Estado está arrinconado en una de sus regiones. Incluso se permite que un comerciante sea sancionado en Cataluña por rotular sus carteles sólo en castellano. Los libros de texto son manuales de nacionalismo y la inmersión lingüística en catalán, lejos de ser una razonable política de extensión de un activo cultural, representa un ejercicio continuo de asfixia del castellano.

La iniciativa del Gobierno de Rajoy puede tener un recorrido corto: su portavoz y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, la diluyó ayer en un mero compromiso para garantizar el uso del castellano en las escuelas catalanas. No hubo concreción de plazos, de reformas legales, de políticas activas. El Gobierno debería saber que no es bueno lanzar compromisos si no está seguro de que puede cumplirlos. Y en este objetivo tendría el respaldo abrumador de la sociedad española.

De la misma manera que la aplicación del artículo 155 no conmovió los cimientos de Cataluña –incluso los ha reforzado–, quizás un cambio en las situaciones protegidas por el miedo a las consecuencias fuera igualmente poco traumático. Dicho de otro modo: la política monolingüística en Cataluña necesita un 155 también. Como era previsible, el PSOE no apoya la idea del Gobierno de Rajoy y opta de nuevo –como ha hecho con TV3– por mantener en manos nacionalistas los resortes esenciales para el intervencionismo en la sociedad catalana. Los socialistas quieren seguir teniendo un pie en cada orilla