Hace seis años que la banda criminal que ha arrebatado inmisericordemente 858 vidas, ha mutilado física y emocionalmente a miles de personas y ha sometido a la sociedad española a un estado de alerta y temor permanentes, pactó con el establishment político dejar de matar con contrapartidas y sin dejar de existir.

Desde entonces, con prisa y sin pausa se ha ido implantando un clima de indiferencia, una mirada fría, una actitud distante, cansada, incluso aburrida ante un pasado doloroso que se quiere olvidar. ETA ya no mata, lo demás no importa. No importa que cientos de los crímenes que cometió aún permanezcan impunes. No importa que a los terroristas que salen de la cárcel se les reciba en sus pueblos con homenajes públicos, no importa que el Gobierno Vasco financie con millones la equiparación del terrorismo con “otras violencias” ni que lo incluya en una amalgama de periodos históricos que pretende situar a la par. Ni tampoco importan las víctimas, ese molesto recordatorio que impediría la obscena justificación del terror.

Las víctimas, a las que se está convirtiendo en objeto de estudio, de análisis sociológico que se observa con asepsia investigadora. Las víctimas, que han dejado de ser un referente, un símbolo de la defensa de España, de su democracia y de su libertad. El gran valor que representan, su fuerza, su capacidad para aunar a los españoles, para que nos sintamos orgullosos de nuestra resistencia como Nación frente al fanatismo separatista y criminal, se está diluyendo inerme ante la voluntaria deserción de quienes nos dirigen, que han decidido complacer a los nacionalistas en su pretensión de arrumbar los pecados que les incomodan.

Pero el terrorismo y sus víctimas no son historia. No todavía. Y no lo serán mientras exista un solo hijo sin padre, un padre sin hijo, una esposa sin marido, un hermano, un nieto, un amigo, una sola persona amputada de un ser querido. Y no lo serán mientras un solo asesinato haya quedado impune y un terrorista permanezca sin ser juzgado. Y no lo serán mientras la sociedad en su conjunto no haya superado los efectos devastadores que ha causado ETA y haya rechazado de plano los planteamientos perversos que la alimentan hoy todavía y que pretenden justificarla para la posteridad.

El tiempo puede ayudar a convivir con el dolor por la pérdida, por la ausencia irremisible, pero también ayuda –y mucho– sentir la protección del Estado, su apoyo incondicional. Cuando hay familias mutiladas por el terrorismo que descubren que el autor del asesinato lo pudo cometer porque se benefició de la amnistía de 1977, que no ha sido procesado por un error judicial, una negligencia o ausencia de investigación, que participó en negociaciones con el Gobierno, que un parque infantil, una calle o un monolito, están dedicados a su memoria, que en institutos e ikastolas hay profesores que promueven homenajes a los etarras que mataron a su familiar, ¿qué pueden sentir? Desde luego, no el amparo del Estado de Derecho.

La lucha contra el terrorismo ha tenido luces –muchísimas, muestras de heroísmo, de determinación, de firmeza, de resistencia– pero también sombras que si no se pueden subsanar, al menos se deben reconocer. Y nos queda por construir un futuro en el que la derrota que se merece la banda ETA y cuanto la rodea sea real, completa y definitiva. Y para eso hace falta justicia sin mancharla con impunidades acordadas en la sombra, hace falta claridad conceptual y perseverancia y es indispensable no renunciar a la ejemplaridad, al valor excepcional del significado moral de las víctimas del terrorismo, sin permitir que los que quieren salvar a los terroristas de su abismo de maldad diluyan sus crímenes en un magma de indecentes equiparaciones.