Hace una semana, en la antigua Residencia de Señoritas de la frondosa calle de Fortuny. El presidente Carles Puigdemont llega envuelto en un enjambre de asesores y funcionarios, que ocupan las tres primeras filas del auditorio. A su lado, la figura enjuta y solitaria del hispanista John H. Elliott anticipa el choque entre el razonamiento y la demagogia, el bisturí y la brocha, el individuo y la masa. Puigdemont empieza felicitando a la Fundación Ortega y Gasset por su valentía al escoger el título del simposio: ¡Escolta Espanya, escucha Cataluña! La bilateralidad se abre paso en Madrid como el mito entre los débiles de espíritu. Mas segregaba la tensión del converso. Puigdemont irradia la serenidad del fanático. Su flequillo es su boina. En su discurso -breve y barnizado con la cursilería propia de todo nacionalismo- converge la doble falacia que hoy amenaza al sistema nacido en la Transición. Esa doble falacia gira en torno al concepto de pacto.

Según Puigdemont, la historia de Cataluña es la de un pactismo no correspondido. La cultura pactista catalana se remontaría a los orígenes de Cataluña como comunidad política y se habría afianzado con el paso de los siglos. No hay menciones a la revuelta de 1640 ni a la guerra de 1714 ni al golpe de 1934. De los hechos se ocupa Elliott. El pactismo catalán -prosigue- tiene una peculiaridad que lo hace especialmente formidable y digno de elogio; y es que se proyecta tanto sobre la relación con España como sobre las relaciones internas del país. Es un pactismo en dos direcciones. Y la mejor prueba es el proyecto independentista que tan ecuánime y ecuménicamente lidera; y que, como todo el mundo sabe, es una delicada síntesis de los muchos acentos y sensibilidades de la sociedad catalana. No sólo recoge la visión, romántica, pero históricamente fundada y moralmente inapelable, que comparten revolucionarios de izquierdas y reaccionarios de derechas, sino también las posiciones de ese pequeño sector de la población -el 51%- que no apoyó el plebiscito para la desconexión unilateral del Estado opresor. “En Cataluña nos sentimos cómodos dentro de la nación diálogo”, dice Puigdemont, mientras multa a los comerciantes que rotulan en castellano.

En cambio, España… Frente al pactismo catalán, se yergue, según Puigdemont, el rancio y rocoso absolutismo español: “El problema es que el pactismo catalán no ha encontrado un pactismo español capaz de respetar o entender”. Ni la Constitución del 78, pacto político por antonomasia que refrendaron más del 90% de los votantes catalanes. Ni, uno tras otro, todos los sistemas de financiación autonómica, diseñados específicamente para Cataluña. Ni el pacto contra la crispación en 1993. Ni el pacto del Majestic en 1996. Ni el pacto del tabaco en 2006. Ni el apoyo del Parlamento español a un Estatuto intervencionista e inconstitucional. Ni los millones de euros de liquidez inyectados por el Estado a la Generalidad a pesar de su uso fraudulento y desleal. Ni, por supuesto, la indiferencia con que las élites españolas han aceptado el retroceso de la ley y la libertad en Cataluña, a cambio de que el nacionalismo se sienta cómodo. No. Dice Puigdemont que “no existe un pactismo español”. Y que la solución pasa por cambiar la cultura política española para hacerla más flexible, más dialogante, más dispuesta a aceptar su posición. Y que si no: «Au revoir, Espagne!» Al modo de la manida oda maragalliana, sólo que en francés.

El discurso separatista no ha superado nunca la más elemental confrontación con la realidad. El problema es que siempre aparece un espíritu débil e interesado dispuesto a legitimarlo.

El martes Pedro Sánchez explicó cómo quiere solucionar el primer problema político español. Decía el editorialista del diario El País: “Bienvenidas sean las ideas que contribuyan a que la campaña electoral desbloquee los problemas enquistados”. Ciertamente. En la campaña del 20-D ningún partido, ni siquiera Ciudadanos, otorgó al desafío separatista la atención que merecía. Tácitamente coaligados, todos lo barrieron bajo la alfombra de los «problemas reales de la gente». Pero es una evidencia que si hoy Sánchez no es presidente del Gobierno es porque Podemos, desde la misma noche electoral, condiciona la mayoría de izquierdas a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Por lo tanto, bien está que los partidos debatan sobre Cataluña ante el 26-J y que lo hagan sobre ideas concretas. Gracias a eso ya sabemos que la propuesta de Sánchez no sólo no resuelve el primer problema político español sino que lo agrava seriamente.

Sánchez propone alcanzar un “pacto político con Cataluña que, respetando las implicaciones del principio de igualdad, reconozca su singularidad”. Mastíquese bien la frase. No hay esfuerzo hermenéutico ni dialéctico capaz de cuadrar el círculo. ¿Cuáles son esas singularidades mágicas? ¿No están recogidas ya en la Constitución? ¿Por qué? ¿No será que su reconocimiento destrozaría el principio de igualdad? En la discusión con el nacionalismo, la palabra singularidad o es un eufemismo de privilegio o no significa nada.

Puigdemont exigió en Madrid “diálogo, negociación y pacto entre iguales”. Sánchez le contestó: bilateralidad. Es decir, diálogo, negociación y pacto entre iguales. La propuesta socialista sustituye la igualdad de los ciudadanos por la igualdad entre dos entelequias políticas y jurídicas: una Cataluña ficticia, separada del resto de España y de la mitad, al menos, de su propia población. Y una España fantasmagórica de la que se le amputa una parte constitutiva y constituyente. Ese pacto entre dos territorios espectrales no es una reforma. Es una regresión histórica, jurídica, política y moral. Una involución.

No hay pacto español más justo ni más moderno que la Constitución de 1978. Es justo y es moderno porque no es un pacto entre territorios desiguales ni en torno a la Corona, como el extemporáneo modelo austracista, sino un pacto entre ciudadanos soberanos e iguales ante la ley. Su único elemento netamente anacrónico (además, evidentemente, de la discriminación de la mujer en la sucesión a la Corona) es la apelación, limitada, a unos inverosímiles derechos istóricos. Los de la propia Corona, cuya incidencia sobre la igualdad real de los ciudadanos es simbólica. Y los forales, promovidos en su día por el nacionalismo vasco y que el PSOE quiere ampliar ahora a otras comunidades autónomas, confundiendo reforma con reacción y convirtiendo la Constitución en un anexo historicista de su disposición adicional primera.

Justo y moderno es garantizar derechos políticos y sociales concretos a hombres y mujeres vivos en razón de su ciudadanía. Arbitrar una solución razonable al desafío de la identidad en Estados heterogéneos. Exigir solidaridad, respeto por el pluralismo social y político, y responsabilidad. La Constitución del 78 culmina la trayectoria oscilante, difícil, del pactismo español. Es un pacto, éste sí, hacia dentro y hacia fuera. De España con su diversidad y de España con una Europa diversa.

La política española afronta una drástica paradoja: la Constitución no tiene defensores pero tampoco alternativa. No hay una fórmula capaz de concitar un consenso siquiera aproximado al que obtuvo en su día el modelo autonómico. Es inútil engañarse: la Constitución que quieren los nacionalistas es la desaparición de la Constitución. Con todas sus incongruencias, lagunas e imperfecciones, la Constitución sigue siendo el mejor pacto español. Y por eso Libres e Iguales la celebra. Será el 21 de junio a las 19:30 en el Teatro Calderón de Madrid. Participan referentes de la Transición y jóvenes estrellas de la política y el periodismo. Dirige Albert Boadella. Entrada libre. Eso mismo que la Constitución de 1978 dispuso para los esperanzados ciudadanos de España.