La distancia en el tiempo no significa olvido. La memoria, al ser selectiva, guarda hechos que dejaron una huella profunda por alguna razón y que ahí quedan. Hace pocos días la Asociación Dignidad y Justicia entregó medallas a las familias de los siete agentes españoles del Centro Nacional de Inteligencia, víctimas de terrorismo en Irak en el año 2003. El recuerdo de aquellos servidores públicos que murieron en el cumplimiento de su deber y por su profesión bien merecen ser recordados por los españoles. Así sucede en países muy próximos donde se honra con los nombres de los caídos en las guerras con monolitos, estelas, lápidas por pueblos y ciudades e incluso en los grandes museos donde se les dedica preciosos murales.

Recuerdo bien la llegada al cuartel de la policía nacional de Canillas, Madrid, de los féretros de los dos policías nacionales muertos en el atentado a la embajada de España en Kabul en 2015. Fue uno de los actos más dramáticos a los que asistí en mi condición de Defensora del Pueblo: las familias, con los niños en pie, esperando el paso de los féretros portados por los compañeros que sobrevivieron y que viajaron en el mismo avión que a todos repatriaba; enfrente las autoridades, de oscuro, con caras serias y de preocupación; el himno aquel de “…no supieron vivir de otra manera“, las banderas y la lectura de los nombres de los fallecidos. Cuando terminó la ceremonia me acerqué a uno de sus compañeros que pudo salir con vida del atentado; vi su cara demudada y su fortaleza física, que seguramente acompañaba a la de su mente para semejante tarea de máximo riesgo. Todo fue doloroso, solemne y triste en aquel patio grande y sombrío del cuartel.

Los guardias civiles y las personas que en distintos momentos han hecho posible detener y desarticular comandos terroristas en España y en el extranjero merecen también un singular recuerdo. Seguro que ellos no olvidan cómo actuaron, los días o instantes de angustia que pasaron tras autorizar o decidir una acción y cómo fueron los momentos de mayor riesgo. La sociedad celebró los resultados conseguidos, pero en silencio por aquello de no identificar, en un clima de hostilidad y de persecución hacia los que eran o podían ser señalados. Aquella persistencia en la persecución del terrorismo de ETA ha sido pieza clave para alcanzar su derrota.

Siendo alcaldesa de Sevilla, me acerqué al cuartel de la Guardia Civil para dar las gracias por la compleja actuación realizada para detener al comando Andalucía de la banda ETA, que poco tiempo antes, en enero de 1998, había asesinado a dos compañeros míos en la ciudad. Pregunté a los guardias si podía hacer algo por ellos. Me contestaron que sí: que una parada de autobús en las proximidades. Esa fue la petición.

Y jueces y fiscales también merecen ver agradecida su dedicación a la persecución de terroristas. Debe ser una tarea muy dura la de acusar y enjuiciar a criminales, tras haber conocido con todo detalle los hechos y tener a la vista las familias de las víctimas. La justicia que no cesa, que actúa de manera implacable, que enseña a la sociedad lo que es condenable y cómo se castiga en un Estado de derecho, ha sido fundamental en el ánimo de terroristas para acabar sacando la bandera blanca.

A la institución del Defensor del Pueblo se le pidió en 2016, desde las Cortes Generales, un informe sobre los derechos humanos afectados por el terrorismo de ETA: aquellos que empiezan por el derecho a la vida y acaban por el derecho a la verdad; son los derechos que ellos negaron a sus víctimas; aquellos que ni tuvieron piedad ni se han arrepentido de sus actos, ahora piden gestos para hacer más livianas sus penas.

El informe habla de las mejoras elementales, pendientes todavía, en el reconocimiento de los derechos de las víctimas: el tener toda la información sobre los hechos, saber quiénes fueron las personas que tomaron parte en ellos, y hacer posible la participación de las víctimas en los procedimientos judiciales que les afectan, antes de que la sentencia sea dictada.

Son dos las cuestiones más relevantes de las que trata el informe mencionado, para lograr en los próximos tiempos: que quienes planearon, decidieron y señalaron a las víctimas sean juzgados por delitos de lesa humanidad pues fueron ellos los que dijeron a quién o quiénes se debía perseguir: “Levantar a un concejal ya, ya”, relataba un fiscal que les acusaba en el juicio. Fueron los dirigentes quienes indicaron a qué grupos o colectivos había que atemorizar o anular; es decir, hacerlo por razones políticas.

Y la otra gran cuestión pendiente es que los libros de texto de Bachillerato den cuenta fielmente de las décadas de terror y persecución, describan quiénes han sido las víctimas y muestren algunos de sus testimonios. Esto no es lo que dicen la mayoría de los libros de textos; en muchos de los cuales sólo se habla del terrorismo en años anteriores a la democracia, y otros les dedican unas pocas líneas, como un hecho más, breve y lejano en la historia de España. Nuestro deber, en el informe, ha sido hablar por las víctimas, reclamar por ellas, dar cuenta de la deuda que la sociedad tiene con ellas y decir que no vale el olvido.

La historia del terrorismo de ETA no ha concluido. Así lo dicen personas que saben bien de ello, entre otros, Fernando Savater, Jaime Mayor y Joseba Arregui. Tras el terror existe un objetivo de largo alcance: acabar con el Estado de derecho, primero, y luego la secesión. No es necesario matar, basta ahora con no dejar vivir, y luego viene el animar y calentar el proceso que conducirá a la independencia, siguiendo las pautas puestas en práctica por secesionistas en Cataluña: cadenas humanas que unen capitales para decir que se vulneran derechos fundamentales, y vuelta a aquella práctica muy conocida y extendida de la extorsión. Veamos que empresario contribuye y quién no a estas fiestas populares, a los adornos, a los lazos y a los folletos que animan el ambiente. Porque esto debe ser una fiesta, no el París de Hemingway.

He agradecido mucho el reconocimiento de Dignidad y Justicia a la labor hecha desde la institución del Defensor del Pueblo. Hemos intentado cumplir con un deber hacia todas aquellas personas que han sufrido el acoso, la intimidación, la exclusión, la agresión o la muerte por ser ciudadanos -mayores, menores, niños- que vivían y viven en una democracia con la que han querido acabar, pero no han podido con ella. Estoy segura de que otras muchas personas continuarán esta labor porque ahora, no matan, pero la senda que toman significa que las libertades cotidianas siguen amenazadas, aunque nos parezca mentira en una democracia del siglo XXI.