Milans del Bosch Abogados ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Villacisneros con el objetivo de investigar los crímenes de ETA que han quedado sin resolver.

Tres décadas de experiencia profesional al más alto nivel hacen de Santiago Milans del Bosch un espectador privilegiado de la actualidad política y jurídica, que, a su juicio, aún tiene que madurar para acabar con los “abusos de poder del aparato administrativo”, una de las especialidades del bufete, Milans del Bosch Abogados, que fundó hace tan sólo seis meses.

Para el socio de honor de Cuatrecasas, donde estuvo 17 años ligado al área de penal-administrativo, existe un “abuso político en la implantación de la Ley de la Memoria Histórica”, ya que no se está respetando ni la literalidad ni el sentido de esta norma.

Por eso, considera fundamental “la defensa de los derechos e intereses de personas físicas y jurídicas titulares de bienes patrimoniales, intangibles o colectivos ante las actuaciones ideologizadas y prevaricantes que buscan el amparo de la llamada Ley de Memoria Histórica para denigrar, borrar, alterar y corromper la historia de España, llena de aciertos y errores, que forman parte de nuestro patrimonio histórico, vital y cultural”. El letrado tilda de grave error ideologizar cualquier normativa y recuerda que siempre debe llevarse a cabo un procedimiento administrativo antes de retirar cualquier tipo de vestigio.

No es el único gran asunto administrativo que preocupa a Santiago Milans del Bosch. Así, alerta del mobbing que sufren ciertos funcionarios de, sobre todo, municipios pequeños que se ven presionados por sus superiores para, por ejemplo, emitir informes favorables.

Milans del Bosch, que es miembro de la nueva subcomisión de prevención del blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española, considera que los letrados defensores también pueden colaborar para acabar con esta práctica. “Debemos identificar bien el cliente, saber cuáles son sus motivos y, tras esta evaluación, abstenernos de este tipo de causas”, afirma.

Sin embargo, el socio director indica que, aunque parece que han aumentado los casos de blanqueo de capitales, en realidad, no es así. Este delito, que es “el comodín de las fuerzas policiales ligadas a anticorrupción”, prescribe a los 10 años, mientras que los delitos fiscales contra la Hacienda Pública prescriben a los cinco años. Por eso, sugiere una modificación legislativa que los equipare para evitar los abusos y el consiguiente “daño reputacional, aunque un juez rechace finalmente este delito”.

Lucha contra la falta de investigación efectiva

Milans del Bosch Abogados ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Villacisneros con el objetivo de investigar los crímenes de ETA que han quedado sin resolver. “Entendemos el terrorismo como un delito internacional y, por este motivo, queremos impedir el cierre en falso de las causas relacionadas con él”, explica Santiago Milans del Bosch, quien subraya que “en el terrorismo no cabe la prescripción”. El abogado lamenta “la aceptación político-social de la impunidad de estos asesinatos” después del alto el fuego en 2011 y considera inadmisible que “en muchos de los casos aún no se conozca ni al autor material ni al intelectual”. Por este motivo, tanto el bufete como la fundación están preparando un escrito en el que solicitarán la reapertura de todas las causas relacionadas con el terrorismo de ETA que se archivaron de manera incorrecta. El letrado entiende que se ha producido una clara “falta de investigación policial y judicial efectiva”, lo que vulnera los derechos de las víctimas.