EL conjunto de los españoles afrontamos la amenaza del secesionismo catalán. No es nuevo. En ocasiones anteriores las experiencias fueron violentas. Conviene repasar la Historia, esas páginas a menudo tan olvidadas o manipuladas que muchos de nuestros nuevos políticos desconocen.

Pau Claris, canónigo y hombre de leyes que se había distinguido por su defensa de las prebendas del clero, encabezó la primera, más duradera y cruenta intentona secesionista catalana. Claris fue elegido presidente de la Diputación del General del Principado de Cataluña, la Generalitat, en 1638. Desde 1640 se enfrentó a la administración virreinal. Los acontecimientos se agravaron con la irrupción en Barcelona de unos cientos de segadores rebeldes que provocaron varias muertes, entre ellas la del virrey conde de Santa Coloma.

El conde-duque de Olivares no supo reaccionar a tiempo y se produjo la ruptura. Claris pidió ayuda a Francia, que estaba en guerra con España, y se comprometió a mantener y sufragar a un ejército francés de tres mil hombres, decisión que desmentía el proclamado motivo del descontento inicial: los gastos de manutención y alojamiento de los tercios españoles. En 1641 el eclesiástico convertido en político propuso al Consejo de Ciento, y éste lo aceptó, acatar a Luis XIII de Francia como soberano de Cataluña por lo que pronto Cataluña tuvo un virrey francés. Enmarcada la situación durante años en un conflicto europeo, Felipe IV acabó reconquistando las plazas catalanas defendidas por tropas francesas.

Tras el fallido intento autonomista de 1919 promovido por Cambó, que en principio contó con la buena disposición de Alfonso XIII, el independentista y teniente coronel retirado Francesc Macià organizó en 1926 una incursión armada desde la localidad francesa de Prats de Molló para provocar una insurrección interior y proclamar la República Catalana. Fue un fracaso. Los voluntarios de Macià fueron detenidos por la Gendarmería francesa antes de cruzar la frontera. El 14 de abril de 1931, aprovechando la proclamación de la República en España, Macià proclamó la República Catalana como «estado integrado en la Federación de Repúblicas Ibéricas» y acudieron a Barcelona tres ministros del Gobierno provisional republicano para aplacarlo; el compromiso de debatir en el Parlamento un Estatuto de Autonomía para Cataluña hizo que Macià diera marcha atrás.

El 6 de octubre de 1934 Lluis Companys, presidente de la Generalitat desde la muerte de Macià el año anterior, proclamó el Estat Catalá «dentro de la República Federal Española». El Gobierno republicano decretó inmediatamente el Estado de Guerra y el jefe militar de Cataluña, el general catalán Domingo Batet, resolvió el conflicto a cañonazos. Se produjeron escasas víctimas, el Gobierno de la Generalitat en pleno y el presidente del Parlament fueron apresados. Se les condenó a treinta años de prisión mayor e inhabilitación absoluta. La autonomía catalana fue suspendida y la Generalitat sustituida por un Consejo de la Generalitat a cuyo frente estaba un gobernador general de Cataluña nombrado por el Gobierno de la República.

Lectura obligada para los jóvenes con curiosidad intelectual debería ser el debate del Estatuto Catalán de 1932 en el Congreso de los Diputados, prolongado durante meses, que alcanzó una altura inimaginable en los debates parlamentarios actuales, sobre todo desde la llegada del populismo radical que no respeta a la institución ni en la indumentaria, como unos sansculottes en su mayoría de familias acomodadas que no han conocido sino las facilidades vitales que consiguió con no poco esfuerzo la generación de sus padres tras matarse por los campos de España la generación de sus abuelos.

En aquel debate brillaron singularmente José Ortega y Gasset y Manuel Azaña unidos en la necesidad de contar con un Estatuto para Cataluña pero alejados en lo que cabía esperar de él. El proyecto de Estatuto que presentó la Generalitat de Macià pretendía un sistema federal con una amplia asunción de competencias, propuestas que no llegaron al texto final. Ortega era diputado por la Agrupación al Servicio de la República y Azaña, presidente del Consejo de Ministros. Fue un duelo dialéctico cuya claridad de ideas produce admiración.
Para Ortega «el problema catalán no se puede resolver, sólo se puede conllevar», mientras Azaña opinó que el Estatuto «aspira, ni más ni menos que a resolver el problema político». Ortega afirmó que «la solución del nacionalismo no es cuestión de una ley, ni de dos, ni siquiera de un Estatuto» y llegó al fondo del problema: «Los nacionalismos sólo pueden deprimirse cuando se crea un gran Estado en el que van bien las cosas, en el que ilusiona embarcarse, porque la fortuna sopla en sus velas; un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos; un Estado en buena ventura los desnutre y reabsorbe».

Sobre el silencio o el grito de Cataluña, Azaña aseveró: «Unas veces porque está contenta, y otras porque es débil e impotente; pero en otras ocasiones la inquietud, la discordia, la impaciencia, se robustecen, crecen, se organizan, se articulan, invaden todos los canales de la vida pública de Cataluña, y embarazan la marcha del Estado».

Ortega, optimista para lectores de hoy, aseguró: «Si a estas horas todas las regiones estuvieran implantando su autonomía, habrían aprendido lo que ésta es y no sentirían esa inquietud, ese recelo, al ver que le era concedida en términos estrictos a Cataluña. Y Azaña le respaldó no con menos optimismo: «No se juzgarán jamás con acierto los problemas orgánicos de la autonomía si no nos libramos de una preocupación: que las regiones autónomas, después que tengan la autonomía, no son el extranjero; son España, tan España como lo son hoy; quizá más, porque estarán más contentas».

En una reflexión muy actual, Ortega emplazó a los diputados nacionalistas: «No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos; planteadlo en términos de autonomía», y añadió: «Creed que es mejor un tipo de solución de esta índole que aquella pretensión utópica de soluciones radicales». Azaña predijo las dificultades del futuro: «Sé que es más difícil gobernar a España ahora que hace 50 años, y más difícil será gobernarla dentro de algunos años».

Al Gobierno de la Nación corresponde la responsabilidad de afrontar una situación que precisa decisiones extraordinarias como extraordinario es el desafío que llega más allá de intentonas anteriores ya que no busca una Cataluña federada sino una Cataluña independiente. Contra este reto deben esgrimirse no sólo las leyes ordinarias sino la Constitución. La encrespada e intolerable realidad exige recibir un mensaje nítido, una respuesta medida pero nunca débil o que los españoles pudieren entender como tal. Repasemos la Historia. Leamos a Ortega y a Azaña.