La ley de abusos policiales elaborada por el Gobierno Vasco es una ignominia. Su pretensión es justificar la existencia de Eta como consecuencia de las agresiones y torturas de un Estado cruel, despótico y opresor. Quiere oficializar la consideración institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como una banda de torturadores de los que los pobres terroristas tenían que defenderse. Quiere que la sociedad vasca dé por sentado que la Guardia Civil y la Policía Nacional se han dedicado a maltratar a inocentes indefensos. Quiere institucionalizar su desprestigio.

La infamia es inmensa porque son precisamente las Fuerzas de Seguridad del Estado las que más han sufrido la brutalidad del terrorismo desde que hace cincuenta años fue asesinado el primer Guardia Civil, José Pardines. A bocajarro cuando solicitaba la documentación a los ocupantes de un coche que resultaron ser unos “idealistas” con pistolas. Desde entonces han caído 230 Guardias Civiles y 183 Policías Nacionales, ametrallados, con bombas trampa, de cualquier manera, siempre que fuese por la espalda y sin posibilidad de defensa. Aquellos Guardias Civiles y Policías eran en su mayoría chicos muy jóvenes, a los que mandaban destinados al País Vasco y que iban allí conscientes del peligro que corrían sus vidas pero dispuestos a cumplir su juramento de servicio a España. Dejaron cientos de huérfanos y de viudas que se quedaban indefensas y criando solas a niños sin padre. Pero eso ¿a quién le importa ya?

De el PNV se puede esperar esta abyecta y calumniadora iniciativa porque su objetivo es hacer desaparecer cualquier vestigio de la brutal historia del terrorismo separatista vasco. La estrategia de los nacionalistas vascos es repartir las culpas por igual entre los que morían y los que mataban, dejar que el tiempo amortigüe la verdad y siembre el olvido y dar espacio político a los planteamientos de Eta. Por eso pone en marcha sus “Planes de Paz y Convivencia” en los que llama a los crímenes de Eta “vulneraciones del derecho a la vida” e incluye a los muertos en trifulcas de bar o en cualquier otro suceso confuso que pueda servir para sembrar la duda sobre el comportamiento de la Policía y la Guardia Civil. Y por eso ha elaborado una ley de “abusos policiales” que vulnera -esta sí y a fondo- principios esenciales de un Estado de Derecho arrogando a una “comisión” el análisis y valoración de los casos de posibles víctimas de esos supuestos abusos sin necesidad de que los tribunales de Justicia lo demuestren. Un disparate jurídico que encierra la voluntad perversa de difamar a los colectivos que más víctimas del terrorismo han padecido, para justificar a los que les mataban.

De el PNV se puede esperar. Es incluso previsible. Pero no se puede admitir que el Gobierno de la Nación lo tolere. Eso no. Es un precio demasiado indigno, es una traición demasiado grave. Ni los españoles ni las víctimas del terrorismo nos merecemos semejante cesión por unos meses de poder.

El 5 de agosto, uno de los peores asesinos en serie de Eta, autor de decenas de crímenes, responsable del atentado de Hipercor, amnistiado en 1977, saldrá de prisión. El Gobierno Vasco lo tratará con respeto y dirá que ya ha cumplido su deuda con la sociedad -hay deudas que no se pueden pagar jamás- pero en cambio quiere hurgar ilegalmente en la lucha contra el terrorismo, desautorizarla, cuestionarla, mancharla con sospechas institucionalizadas. Y lo hace con una enorme hipocresía, fingiendo que le preocupan las víctimas del terrorismo para que así le resulte más fácil su destructiva labor de zapa.

En el último año se han celebrado más de ciento veinticinco homenajes a terroristas sin que haya habido ninguna consecuencia. Ahora se está dilucidando si declarar Bien de Interés Cultural el paraje en el que murió el asesino de aquel pobre e indefenso Guardia Civil, José Pardines, que tenía veinticinco años cuando le arrebataron la vida. Y si el Estado no se planta, si no se propone seriamente impedir la estrategia de legitimación del terrorismo de Eta, conseguirán su objetivo. Por eso retirar el recurso de inconstitucionalidad a la Ley vasca de abusos policiales es una decisión profundamente equivocada y carente de escrúpulos, más aún cuando una ley similar promovida por el Gobierno de Navarra ha sido declarada inconstitucional hace pocos días. Y por eso es un motivo de esperanza que los propios sindicatos de la Policía y la Guardia Civil junto con asociaciones de víctimas como Covite hayan presentado un recurso contra esa ignominiosa ley ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha sido admitido.

Quedan la decepción y la preocupación por la claudicación del Gobierno de la Nación. Porque están dispuestos a dejar a los pies de los caballos a los defensores de nuestra democracia y nuestra libertad. Porque están dispuestos a tolerar que se mancille la credibilidad de los que más se han sacrificado por defender el Estado de Derecho que todos debemos contribuir a fortalecer. Empezando por quienes nos gobiernan.