Alguien ha escrito que estamos empeñados en reformar la Constitución porque no hay una norma todavía más alta que poder reformar. Ya se sabe que está bien instalado en nuestro carácter nacional pensar (o al menos decir) que reformando una ley arreglamos cualquier cosa. Pero la mayoría de los problemas de España no se resuelven reformando la Constitución. Se remediarán más fácilmente si se cumple la ley y se hace cumplir, si se imponen con naturalidad las consecuencias por incumplirla, si no se roba, si se practica sinceramente la solidaridad entre personas y territorios, o si los partidos, los gobernantes y los ciudadanos contribuyen a que las instituciones funcionen, anteponiendo el interés general sobre los intereses particulares.

La Constitución no es el problema. Es el punto de partida de cualquier solución. Con todos sus defectos, tenemos una Constitución valiosa, homologable con cualquiera de las más modernas y valiosas del mundo. Una Constitución que ha permitido y sigue permitiendo un tiempo insólito; el de mayor convivencia pacífica, estabilidad y progreso de la historia moderna de España.

Esto no quiere decir que el nuestro sea el país de las maravillas. Tenemos problemas de la democracia ya veteranos. Entre ellos, la partitocracia o las debilidades seculares de la representación. Y concurren los nuevos desafíos de este siglo XXI, en el que gobernar se ha convertido en un asunto de complejidad extrema porque todo se nos va en urgencias, los políticos tienen que lidiar con problemas económicos, técnicos o científicos sobre lo que poco conocen, muchas decisiones son transnacionales y no las toman ya los Estados, y la impresionante revolución tecnológica está modificando todos los comportamientos, afectando directamente al funcionamiento de las instituciones y aventurando novedades ligadas a la democracia electrónica a través de la red. Además, estamos ante democracias exigentes en las que los ciudadanos requieren respuestas inmediatas y satisfactorias a los problemas.

Estos y otros muchos retos tienen que ser afrontados con determinación. Pero la solución de los problemas de la democracia no consiste en acabar con la democracia. Con todos sus defectos, la democracia parlamentaria es una forma de organizar la comunidad política razonable, que se basa en la limitación del poder mediante reglas objetivas y en el respeto a los derechos de las personas, y que impone la alternancia y la temporalidad del poder.

Así pues, no hace falta abrir una causa general sobre la Constitución. A mi juicio, el método adecuado para la necesaria actualización de nuestras instituciones es tan sencillo -y a la vez tan difícil- como aislar los males sobre los que coincidimos y propiciar el acuerdo político para dar solución a cada problema. En muchos casos veremos que bastará con cambiar los comportamientos de los actores políticos y también de los medios de comunicación. En otros, es posible mejorar y mucho con simples soluciones legales. La partitocracia exagerada de nuestro sistema político, por ejemplo, cambiaría decisivamente con modificaciones en la legislación electoral y en los Reglamentos del Congreso y del Senado. En un libro acabo de examinar decenas de cambios que podrían mejorar el funcionamiento de nuestro Parlamento, la forma en la que estamos haciendo (mal) las leyes, el control parlamentario del Gobierno o el incremento de la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas.

De hecho llama mucho la atención que quieran resolverse los problemas abriendo un debate constitucional, cuya consumación requiere mayorías extraordinarias, mientras las fuerzas políticas no son capaces de ponerse de acuerdo para reformar leyes que, como la Ley Electoral, la del Poder Judicial o el Reglamento del Congreso no requieren más que la mayoría absoluta para poder introducir reformas del máximo calado.

No excluyo, claro es, que para mejorar algún aspecto concreto sea conveniente subir un escalón y reformar uno o varios preceptos constitucionales. Pero añado inmediatamente que para dar este impulso de renovación democrática que sin duda necesitan nuestras instituciones no es indispensable abrir un periodo constituyente universal. Tampoco presentar a la Constitución como problema, haciendo que muchas personas piensen de buena fe que la solución a todos nuestros males pasa por superar un texto que se habría quedado viejo e inservible. Cuando se dice que solo con la reforma constitucional tendremos soluciones, se está dibujando un escenario tan arriesgado como cuando se insinúa que se está en posesión de la fórmula mágica que va a resolverlo todo. Si estas promesas calan en la opinión y luego las expectativas se ven defraudadas -entre otras razones porque conseguir el consenso entre los modelos rotundamente contradictorios que hoy están en circulación no se antoja fácil- lo único que se habrá conseguido es deslegitimar la Constitución misma hasta extremos difícilmente superables. Y es bien seguro que no es este precisamente el mejor momento para devaluar la Constitución sino, antes a la inversa, para ponerla más que nunca en valor al servicio de la convivencia de los españoles.