El miércoles 14 de marzo se celebró en Madrid la mesa redonda “La defensa de nuestra historia”, en el marco del ciclo de conferencias “El necesario fortalecimiento de España”, que organizan conjuntamente las Fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad.

Moderada por el escritor Alfonso Ussía, la mesa contó con la participación de Rafael Arias-Salgado, que fuera ministro de Fomento durante el primer gobierno de José María Aznar y también ministro durante los gobiernos de Adolfo Suárez, actualmente presidente de la Fundación Transición Española,  Tom Burns,  periodista, ensayista e historiador, Joaquín Leguina, escritor y Marcelino Oreja, jurista, político y diplomático, además de ministro de Asuntos Exteriores durante el gobierno de Adolfo Suárez.

Al finalizar el acto se leyó el “Manifiesto por la Historia y la Libertad”, que hasta el momento han firmado más de 200 historiadores, investigadores, profesores y periodistas.

Alfonso Ussía: Es la ley del resentimiento, el odio y la mentira

El proyecto de modificación de la Ley de Memoria Histórica que ha presentado el PSOE al Congreso fue el tema central de la mesa redonda. Alfonso Ussía calificó la Ley como la del “resentimiento, el odio, la mentira y el rencor” y culpó a la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de ser la responsable de que el Gobierno de Rajoy no la derogase al llegar al poder en 2012. “La historia no empieza en el 31 ni con el franquismo”, afirmó Ussía.

Rafael Arias-Salgado: Es una ley sectaria y revanchista

En su intervención, Rafael Arias-Salgado hizo una defensa cerrada de la Ley de Amnistía de 1977, que en su opinión fue la ley de reconciliación nacional y de superación de la guerra civil, que implicó un perdón recíproco, “sin olvido y sin imputar responsabilidades”, además de tener un contenido muy amplio que incluía a presos políticos y a presos con “delitos de sangre”. Arias-Salgado no mencionó que la Ley de Amnistía de 1977 fue la que sacó de la cárcel a centenares de terroristas de ETA que se volvieron a reincorporar a la banda e inmediatamente iniciaron el periodo más negro del terrorismo en España, el que se ha dado en llamar “los años de plomo”.

Respecto a la proposición de ley del PSOE, afirmó que es necesario defender la transición, “un gran éxito colectivo que permitió superar las confrontaciones entre españoles”. Arias-Salgado, al igual que posteriormente hizo Tom Burns, consideró que la ley tiene un espíritu “orweliano” con su “comisión de la verdad”. “Es sectaria y revanchista, solo mira a una parte de la sociedad”, concluyó.

Joaquín Leguina: La transición restañó la ruptura brutal de la Guerra Civil

Para Joaquín Leguina, la guerra civil provocó una ruptura brutal que la transición quiso restañar, “por eso no se debe seguir hurgando en la herida”, manifestó. “No podemos ponernos a mirar hacia atrás, tenemos que avanzar, seguir adelante”. El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid ha escrito un libro “El duelo y la revancha” en el que aboga por esa superación imprescindible para la concordia entre los españoles.

Tom Burns: La historia no puede infectarse por resabios totalitarios

El historiador Tom Burns habló de “la mala historia y la mala política” que se retroalimentan y que jamás deben infectarse por resabios totalitarios que atenten contra la libertad, “la mala política es la que excluye e impone conductas”, y mencionó la afirmación de Georges Orwell de que quien controla el presente controla el pasado y el futuro. Por eso es necesario dejar libertad y que la historia se escriba con la mayor exactitud, ordenando los datos y los hechos e interpretándolos sin prejuicios ni dictámenes gubernamentales o partidistas. “El buen historiador no juzga”, señaló Burns.

El propio nombre de la Ley, Memoria Histórica, fue considerado por Tom Burns como un disparate conceptual porque “la memoria es un recuerdo vivido o una evocación heredada”, en el caso de esta Ley “una nostalgia neurasténica”, mientras que la historia son “hechos”. Tom Burns se preguntó por qué los mejores no están hoy en día en la política y en su lugar “el populismo, la cretinez y el nacionalismo” dominan el espacio público.

Marcelino Oreja: La ley de Memoria Histórica es un mal servicio a España

La intervención de Marcelino Oreja, estuvo cargada de emoción. Recordó a su padre asesinado en 1934, cuando él aún no había nacido, y narró que toda su vida le ha acompañado el crucifijo que tenía en el despacho y el ejemplo de su madre que jamás le transmitió odio sino todo lo contrario, el mensaje cristiano de “amar a vuestros enemigos” y trabajar por la paz. Por eso dijo no entender a los que quieren reavivar odios y rencores. Recordó la actitud del Gobierno de Felipe González cuando conmemoró el cincuenta aniversario de la Guerra Civil felicitándose de que España hubiera recuperado las libertades y su afirmación de que “la memoria de la guerra tiene que ser un estímulo para la paz”. También recordó el significativo hecho de que el Rey Juan Carlos en una visita a Méjico quisiera visitar a la viuda de Azaña y que ella acudiera a la Embajada de España a saludarle. “Paz, piedad y perdón” rememoró Marcelino Oreja de Manuel Azaña.

Ningún parlamento puede legislar sobre la historia y esta ley de Memoria Histórica es una falsedad, un grave error y un mal servicio a España, concluyó Marcelino Oreja.

Durante el acto se emitió un video del historiador Stanley Payne en el que manifestó la gravedad de que se criminalice la expresión histórica de España y consideró la Ley como un atentado contra la Constitución y la libertad de expresión que consagra en su artículo 20. “La memoria es subjetiva e individual, mientras que la historia es un estudio objetivo de los hechos”, afirmó Payne.

También intervinieron Juan Velarde Fuertes, director de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y el historiador Jesús Palacios, promotores del “Manifiesto por la Historia y la Libertad” que adjuntamos en su totalidad a este documento. Las adhesiones se pueden firmar en revistakosmospolis@gmail.com

MANIFIESTO POR LA HISTORIA Y LA LIBERTAD

No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida.

Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante “historicidio” desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.

Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria “Ley de Memoria Histórica”, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia Contemporánea de España.

Con la implantación de una “Comisión de la Verdad”, se amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la ‘verdad única’, la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no ‘gratos’, y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España.

Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu.

El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con diversos regímenes totalitarios, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.

Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España.

Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos.

Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender.

Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático.

Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado.

Adhesiones: revistakosmospolis@gmail.com

Publicado en:

ABC – Más de 200 historiadores e investigadores firman el «Manifiesto por la Historia y la libertad 

El Confidencial – Políticos e historiadores rechazan reforma Ley de Memoria Histórica del PSOE

Libertad Digital – Más de 200 historiadores e intelectuales firman un manifiesto contra la Ley de la Memoria Histórica 

El Español; Manifiesto de Intelectuales e Historiadores contra la nueva vuelta de tuerca del PSOE a la ley de Memoria Histórica