“Una sociedad decente es aquella sociedad que no humilla”, escribe Avishai Margalit en su ensayo “The decent society” (Cambridge: Harvard University Press, 1996). Una “sociedad decente” es aquella en la que cada persona recibe “el honor debido” por parte de “sus instituciones”, añade el filósofo israelí. ¿Es la sociedad vasca una sociedad decente? ¿Es, en los términos de Margalit, una sociedad que lucha contra las condiciones que justifican que sus ciudadanos se consideren humillados? Hoy, veintidós años después del asesinato de Gregorio Ordoñez por parte de la organización terrorista ETA, ¿se honra debidamente a un hombre decente como él?

El 21 de septiembre de 1994, el diario Egin publicaba un artículo de Antón López Ruiz, alias Kubati. En el texto, el asesino convicto del guardia civil Antonio Meto Melero, de José Tomas Larrañaga Arenas, de Juan Sánchez Sierro, y de la que fue miembro de ETA María Dolores González, tras reconocer literalmente su “odio” hacia Gregorio Ordoñez, adelantaba ya el crimen que ETA perpetraría el 23 de enero de 1995: “Me despido de todos vosotros con desprecio y con el deseo esperanzador de que algún día, al poner la radio, oiga por ella una buena noticia que me alegre el día”.

Hoy, un criminal condenado a centenares de años de prisión por sus actividades terroristas, es un hombre libre. Mientras los seres queridos de Gregorio Ordoñez recuerdan al político donostiarra al cumplirse veintidós años de su asesinato, el etarra Antón López Ruiz sigue sin mostrar ningún arrepentimiento por sus crímenes. Este aniversario se produce semanas después de que el mismo Antón López Ruiz fuera recibido en la sede del Partido Nacionalista Vasco por dos dirigentes de la formación nacionalista. López Ruiz acudió en calidad de representante del colectivo “Kalera kalera”, impulsora de una campaña de movilizaciones en apoyo a presos de la organización terrorista ETA entre los que se encuentran los asesinos de Gregorio Ordoñez: Francisco Javier García Gaztelu y Juan Ramón Carasatorre Aldaz. Otro de los asesinos convictos, Valentín Lasarte, es ya un hombre libre después de ser excarcelado pese a no haber colaborado con la justicia en el esclarecimiento de otros atentados como exige la ley.

Gregorio Ordoñez era odiado por otros miembros de ETA como Mikel Zubimendi, parlamentario de Herri Batasuna entre 1994 y 1998. Zubimendi describió el asesinato de Ordoñez, también parlamentario autonómico, como “el hundimiento del buque insignia del fascismo español en Euskal Herria”. Como el diario El Correo editorializó el 24 de enero de 1995, se trataba de “un asesinato deliberadamente político” que se producía tres días después de que Gregorio fuera designado oficialmente candidato del Partido Popular a la Alcaldía de San Sebastián. El periódico denunció que con ese “crimen político” ETA perseguía borrar “una realidad incómoda” para los terroristas, pues la “derecha española” había sido la fuerza más votada por los ciudadanos de San Sebastián en las dos últimas consultas.

En 2015 la radio televisión vasca, EiTB, fichó a Zubimendi como tertuliano. Josu Erkoreka, entonces, al igual que hoy portavoz del Gobierno liderado por Iñigo Urkullu, defendió que la televisión pública convirtiera en formador de opinión a un antiguo preso de ETA que seguía legitimando su actividad terrorista. El dirigente del PNV apeló a la libertad de expresión y a la adhesión de la televisión pública al “Plan de Paz y Convivencia” del Gobierno vasco que le comprometía “con la paz y la convivencia, el respeto a los derechos fundamentales y a las víctimas”. La libertad de expresión como pretexto para la legitimación implícita y explícita de la violación de los derechos humanos por parte de ETA y, en consecuencia, para vulnerar el respeto a las víctimas y humillarlas.

Jonan Fernández es el responsable de ese “Plan de Paz y Convivencia” al que Erkoreka recurrió para tolerar el intento de convertir a un terrorista convicto en referente social mediante su privilegiada presencia en un medio de comunicación. Fernández fue concejal de Herri Batasuna entre 1987 y 1991, periodo en el que ETA asesinó a decenas de seres humanos, tres de ellos como consecuencia de la coacción etarra para alterar el trazado de la autovía de Leizarán. Gregorio Ordóñez se oponía a la intimidación terrorista que finalmente logró sus objetivos al ceder el PNV y el PSE a las exigencias planteadas también por la denominada “Coordinadora Lurraldea”, liderada por Jonan Fernández. Este lideraría movimientos como Elkarri y Baketik, a cuya presentación en 2006 fue invitado Mikel Zubimendi, el mismo terrorista que describió el asesinato de Gregorio Ordoñez como “el hundimiento del buque-insignia del buque español”.

“Honestidad para valorar lo que Jonan Fernández ha hecho desde que dejó HB”. Esta era la petición que el lehendakari Ukullu hacía en 2013 tras criticar varios colectivos de víctimas del terrorismo, PP y UPyD el nombramiento del responsable de la “Secretaría de Paz y Convivencia”. La honestidad obligaba a recordar que Fernández mantenía una interpretación de la realidad vasca que distorsiona las causas y las consecuencias del terrorismo, como evidencia su negativa a considerar a ETA como lo que evidentemente es y ha sido: un grupo terrorista. Su “plan de paz” y sus “políticas de memoria” incurren en la equiparación de distintas violencias que las víctimas del terrorismo de ETA denuncian. Sin embargo, Jonan Fernández es hoy patrono del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo del Gobierno español. Tras la primera reunión de su patronato en noviembre de 2015 bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, Fernández posaba en el Palacio de la Zarzuela junto al Jefe del Estado, víctimas de la organización terrorista y otros patronos. Simbólica y reveladora fotografía para comprender qué se persigue verdaderamente en esa “batalla por el relato” a la que con tanta profusión se alude.

En enero de 2017, unos días antes de rememorar el asesinato de Gregorio Ordoñez, miles de simpatizantes de ETA se manifestaron por las calles de Bilbao exigiendo la libertad y el acercamiento de personas justamente encarceladas por graves delitos terroristas. Como ha ocurrido en los años precedentes, el principal periódico vasco, que durante décadas fue objetivo directo de los terroristas y entre cuyos profesionales hay víctimas del terrorismo, volvió a dedicar una amplia cobertura al evento. De nuevo las declaraciones de los asistentes recibieron una amplia y privilegiada exposición, como si fuera absolutamente normal, y moral, recompensar con semejante proyección mediática el exhibicionismo victimista de quienes pretenden maquillar como una loable reivindicación por los derechos humanos de los “presos vascos” lo que realmente constituye un acto político a favor de criminales orgullosos de sus asesinatos. Un contradictorio editorial exoneraba a los participantes de su voluntaria complicidad asumiendo “la utilización de la buena voluntad y de la esperanza de tanta gente para fines tan perversos como el olvido”. Apuntaba asimismo que “La vindicación de los presos de ETA de estar cerca de sus familias no puede utilizarse para blanquear su pasado y reclamar su inocencia”. Lo hacía mientras en sus propias páginas se fijaba otro marco interpretativo diferente. En su encuadre predominaban los atributos positivos hacia los terroristas encarcelados -en ningún momento denominados de ese modo en el reportaje central- y negativos hacia gobiernos democráticos como el español y el francés mediante la reproducción de las abundantes declaraciones de los manifestantes: “Que se cumpla la legalidad”, “venganza del Estado”, “que se respeten los derechos humanos”, “exigieron poner fin a las vulneraciones que supone aplicar el derecho penitenciario del enemigo”, “esto es un enfrentamiento político y los presos son sus rehenes”, “son rehenes de España, no los van a soltar”, “una lógica perversa que intenta imponer desde la justicia vindicativa lo que no pueden ganar en las urnas ni en los corazones de Euskal Herria”, “somos muy incómodos para los gobiernos cuando se demuestra esta marea de solidaridad”, etc. “Exhibición de fuerza de EH Bildu”, rezaba el llamativo titular del año pasado. En 2015, una amplia fotografía de la manifestación a toda página dominaba la portada del diario con el siguiente titular: “Fieles a la cita contra la dispersión”. Debajo, otro titular menor con motivo de los atentados yihadistas días antes en Francia: “París es hoy la capital mundial del antiterrorismo”. Paradójico contraste entre la movilización a favor de los terroristas y contra estos en una y otra sociedad.

En esa manifestación desfilaron también los responsables de homenajear a sanguinarios terroristas, como sucede frecuentemente en las calles del País Vasco. Hace tan solo unas semanas se celebró una concentración en la explanada del Guggenheim ensalzando a terroristas de ETA encarcelados. Allí mismo fue asesinado en 1997 el agente de la Ertzaintza José María Aguirre por el etarra Eneko Gogeaskoetxea. Para los compañeros del policía asesinado aquel acto constituía “una humillación para la familia y un menosprecio para la Ertaintza en general”. En esa misma plaza una placa recuerda a la víctima, y al visualizarla recuerdo las palabras de Sandrine Lefranc: “Rechazamos las placas y los monumentos porque eso equivale a enterrar a los muertos. El único homenaje posible consiste en levantar la bandera de la lucha y continuar el camino”. La bienintencionada placa como testigo mudo que embellece una impunidad cotidiana.

Gregorio Ordoñez será homenajeado un año más por políticos de todos los partidos democráticos. A esos homenajes acudirán integrantes del partido que gobierna la Comunidad Autónoma, los mismos que el pasado mes de diciembre apoyaron a individuos detenidos por la Guardia Civil cuando intentaban destruir armas de la organización terrorista ETA en un acto propagandístico de la banda. Los mismos que, con Iñigo Urkullu y Jonan Fernández a la cabeza, se personaron en la Audiencia Nacional en 2014 para apoyar a otros propagandistas de ETA eufemísticamente presentados como “verificadores” del desarme de ETA. El mismo Gobierno que a través de la “Secretaría de Paz y Convivencia” proponía en 2014 la supresión del delito de enaltecimiento y apología del terrorismo, y en 2015 pedía homenajear a etarras “fallecidos en tiroteos con las Fuerzas de Seguridad del Estado o en extrañas circunstancias”. El mismo Gobierno presidido por un Lehendakari al que muchos en el partido de Gregorio Ordoñez consideran un “moderado” porque ignoran, consciente o inconscientemente, tantas sutiles pero rutinarias y muy simbólicas humillaciones.

“Una sociedad decente es aquella sociedad que no humilla” y en la que cada persona recibe “el honor debido” por parte de sus instituciones, nos recuerda Avishai Margalit. Desgraciadamente, la sociedad en la que van a tener lugar los homenajes a Gregorio Ordoñez, no es una sociedad decente. La sociedad vasca es una sociedad en la que la humillación a las víctimas del terrorismo constituye una realidad que la propia sociedad intenta ignorar o minimizar para evitar las profundas disonancias que su consciencia genera. Es una sociedad en la que con frecuencia el verdadero significado político de las víctimas del terrorismo queda diluido en la retórica de las emociones y de tantas humillaciones, tangibles e intangibles, ya rutinizadas, que impiden honrarlas como es debido. Es en esta sociedad en la que se escucha el eco de las palabras pronunciadas por Gregorio Ordoñez, un hombre valiente, comprometido, trabajador y decente que fue asesinado cuando acariciaba la posibilidad de ser elegido alcalde de San Sebastián: “Pienso que luchar por principios no es equivocarse, aunque a veces no se entienda (…). El principio radical de la honradez yo lo quiero llevar hasta sus últimas consecuencias. Cuando hablan de que mi modesta persona es radical, solo soy radical en dos cosas: en la lucha beligerante contra los violentos y en la honradez”.

Rogelio Alonso