En su ensayo La maldad política, Alan Wolff distingue «la seriedad moral» de «las poses morales». Cinco años después del cese de ETA abundan más las poses que la seriedad sobre el legado del terrorismo. Además de por su calidad, quizás por eso conmueve tanto y a tantos la novela Patria, del gran escritor Fernando Aramburu. A través de la ficción retrata la complicidad con el terror, la indiferencia ante la humillación de las víctimas y la soledad de quienes desafiaron a los fanáticos. Su obra facilita la expiación de culpas y conciencias de una sociedad que hoy sigue mostrándose cómplice e indiferente ante otras formas de violencia diferentes del asesinato, pero derivadas de éstos. Mientras contemplamos la cobardía del pasado con la comodidad del presente eludimos enfrentarnos hoy a las consecuencias políticas, sociales y morales de aquella brutalidad. Mientras nos emociona e indigna mirar en ese espejo novelado, las élites políticas y muchos formadores de opinión y ciudadanos premian a los responsables de tan injusto sufrimiento. Lo hacen conjurándose en la construcción de un relato que impida la repetición de la violencia mientras se acepta ya la consolidación de un discurso legitimador del terrorismo que ennoblece a quienes lo justifican. Lo demuestran las recientes elecciones vascas en las que quienes siguen sin condenar la violación de los Derechos Humanos por parte de ETA han sido recompensados en detrimento de sus víctimas.

«Los tribunales pueden impedir que Otegi se presente, pero no lo que representa», señaló durante la campaña la candidata de Bildu, Miren Larrion, antes de añadir: «En Madrid creen que nos han ganado. Ingenuos, no tienen ni idea de lo que han hecho». En efecto, lo que Otegi representa, esto es, la ausencia de condena de la historia de terror de ETA y, en consecuencia, su legitimación, también concurrieron. Lo hicieron sin suscitar la indignación de muchos políticos y ciudadanos que sí se escandalizaron por la presencia del dirigente terrorista en el Parlamento Europeo o por su frustrada candidatura a lehendakari. De ese modo se tolera una suerte de «mal ordinario», en palabras de Aurelio Arteta en su aún pertinente Mal consentido. La complicidad del espectador indiferente. Como él mismo escribió, se acepta algo absurdo: que se puede purificar el mal mientras se dejan pervivir sus raíces.

La incoherencia de denunciar el mal que Otegi personifica mientras se acepta el que Bildu representa revela una degradación política y social. Evidencia el desistimiento de muchos ciudadanos que, sin la determinación y el liderazgo adecuado de las autoridades, tras sufrir el terrorismo durante décadas se han conformado con el final de los asesinatos renunciando a desafiar de forma verdadera y activa la legitimación de éstos. Se invoca constantemente la necesidad de construir una memoria que deslegitime el terrorismo a la vez que se rehúye ese objetivo al negarse las consecuencias de la injusta y cotidiana rehabilitación de Bildu. Formación que representa exactamente lo mismo que Otegi, pese a que esa relación y ese pasado estén amortizados. Esa contradicción que algunos definen como pragmatismo y otros como hipocresía y cobardía evidencia una peligrosa relativización de la historia del terror.

Su alcance se percibe a través del exhaustivo estudio de Pablo Fernández Casadevante publicado en la Revista Europea de Derechos Fundamentales con un explícito título: La prohibición de formaciones políticas como mecanismo de defensa del Estado y el debilitamiento de dicha protección tras las polémicas decisiones sobre Bildu y Sortu. El riguroso trabajo concluye que uno de los mecanismos de defensa del Estado más importantes, la prohibición de partidos, falló con los sucesores de Batasuna al romper el Tribunal Constitucional su propia línea jurisprudencial y excederse en sus competencias. Hoy sabemos que la decisión de legalizarles obedeció a criterios políticos, no jurídicos, con la connivencia de los principales partidos democráticos. Decisión que «avergonzó» al magistrado Manuel Aragón motivando su voto discrepante, como señaló en un foro de la Universidad Rey Juan Carlos en 2015. Conviene recordarlo para comprender las consecuencias de la generalizada aceptación de Bildu como un partido democrático más, asumiendo sus contrincantes verdaderamente democráticos una injusta indulgencia. Aceptando además su autocensura al eludir la necesaria exigencia de rendición de cuentas por los crímenes etarras, consolidándose en consecuencia una desigual competencia política. Mientras se reclama a algunos partidos rendir cuentas políticas por acusaciones de corrupción, se exonera de una responsabilidad mayor a quienes defienden el proyecto terrorista que Otegi y Bildu representan. Su concurrencia a las elecciones no supone un signo de normalidad, sino la renuncia a defender un conjunto de valores que dan forma al modelo democrático.

Partidos políticos y medios de comunicación reclaman a los representantes políticos de ETA «un suelo ético» que no alcanzan. Sin embargo, colaboran en su rehabilitación política y social demostrando la irrelevancia de esa exigencia y la banalización del terrorismo. Mientras el Gobierno promociona con grandilocuencia su Centro Memorial, alienta una memoria del terror amputada. Una muestra: entre los integrantes de su patronato, cuya primera reunión presidió Su Majestad el Rey, se encuentra Jonan Fernández, responsable de las llamadas políticas de «Paz y Convivencia» del Gobierno vasco tan denostadas por partidos constitucionalistas, que ven en las mismas una legitimación del terrorismo que durante años el susodicho aplaudió. Esta misma semana Rufi Etxeberria, artífice de la miserable «socialización del sufrimiento», aprovechaba la privilegiada tribuna ofrecida por el principal diario vasco para falsear la realidad y victimizar a los «presos vascos». Un medio de comunicación que también ha sido víctima del terrorismo legitimado por Etxeberria, a disposición del político que se niega a cumplir un mínimo democrático como la condena del terror etarra. El ahora respetable político, que rehúsa condenar la paliza a dos guardias civiles en Alsasua, va reforzando un relato legitimador de su biografía, aprovechando que los demócratas se conforman con una memoria fundamentalmente emocional y basada en un recuerdo selectivo.

Así se normaliza una realidad que motiva la sensación de derrota en algunas víctimas. Pero es una derrota que no les pertenece a ellas, sino a quienes cedieron en su resistencia frente a las manifestaciones políticas del terrorismo una vez que los asesinatos cesaron. Es la derrota de quienes repiten como autómatas que la democracia ha vencido a ETA minimizando que también se libraba un combate contra el proyecto político e ideológico que hoy aún se justifica. Ese proyecto que ha generado un daño y un sufrimiento enormes trivializados cuando se simplifica lo que el terrorismo supone realmente, como ocurre al subestimarse sus consecuencias políticas y sociales.

Ana Iribar, al recordar el asesinato de su marido, exponía una dimensión más real de la injusticia que subyace bajo este final del terrorismo: «He buscado, sigo buscando algún rastro de victoria en la muerte de Gregorio Ordóñez. Escucho el discurso oficial del Gobierno referirse continuamente a la derrota de ETA; asisto a la decisión de ETA de dejar de matar; sin embargo, no encuentro signos para la victoria. Al contrario: más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, el proyecto político de ETA bajo siglas diversas en nuestras instituciones, una organización terrorista que ni se ha disuelto ni se ha entregado ni colabora con la Justicia. No siento ni la derrota de ETA, ni la victoria de los demócratas. Resulta frustrante».

Hoy, como Joseba Arregi temió años atrás, se hace política como si ETA no hubiera existido. Los responsables del terror son eximidos de encarar sus responsabilidades, pero se jura solemnemente que no habrá olvido. Vergonzosa demostración de que la derrota policial de ETA ha quedado devaluada por los importantes logros políticos y sociales regalados a quienes Maite Pagazaurtundúa ha descrito acertadamente como sus lobbistas.