La apelación al «relato», cuando se habla de ETA, se ha convertido en un lugar común y casi obligado. Historiadores, analistas, tertulianos, políticos… nos repiten que hay que impedir que ETA altere el relato, que imponga su relato, que triunfe el relato de ETA. La verdad es que, del aspecto puramente narrativo de las acciones criminales de esa banda, poco puede alterarse. Los atentados, asesinatos, secuestros, extorsiones… están ahí, en las hemerotecas, por si fallara la memoria colectiva. Lo que -se supone- quieren decir los preocupados por las dotes noveleras del mundo etarra es que hay que impedir a toda costa que se dé colectivamente por válida cualquier justificación de aquel metódico y prolongado derramamiento de sangre de cuyo inicio en 1968 se cumple este año el cincuentenario. Sin embargo, es preciso reparar en que esa justificación no vendría dada por el terreno de la narrativa sino de los conceptos.

Son estos últimos los que debemos tener claros si no queremos que ETA y sus cómplices ideológicos nos den gato por liebre. Si no tenemos claro el concepto de «democracia»; si dejamos que nos vendan que España no es una democracia, cambia totalmente el relato. Cambia a favor de ETA. Por esa razón, no se puede considerar inocuo el juego que se traen tanto los populistas antisistema como los nacionalistas catalanes y vascos cuando niegan la calidad y naturaleza democráticas del régimen del 78. Esa tesis tiene consecuencias graves. Brinda a quienes asesinaron un atenuante impagable. Es ese atenuante y no otra cosa lo que busca el actual Gobierno vasco con la famosa y tramposa ley de Abusos Policiales que ha indignado a las víctimas del terrorismo. El aspecto específicamente infame de dicho bodrio legislativo no reside sólo en que trate de equilibrar los crímenes de ETA con un falseado número de arbitrariedades cometidas por las Fuerzas de Seguridad (ésa sería, en efecto, una alteración del relato) sino que niega intrínsecamente la calidad democrática de nuestro sistema legal y la legitimidad de los tribunales de Justicia al pretender saltárselos, lo cual ya supone una bribona incursión en el plano conceptual y un ilustrativo ejemplo de cómo éste puede ser más decisivo que el plano narrativo. Que haya habido abusos policiales, por inflada que se presente su contabilidad, no invalida al sistema judicial. Lo que lo invalida es que se dé por sentado que esos abusos no han sido perseguidos y juzgados, así como que es precisa una «comisión» que los valore al margen de los jueces, como si éstos no ofrecieran garantías y viviéramos en una dictadura bananera. El hecho de que esa iniciativa nacionalista venga avalada por el PSOE, esto es por el partido que trajo los GAL, añade a ésta unos tintes miserables acordes con su propósito.

No. No se está prestando atención al ámbito conceptual, que es donde cuecen su mentira la «post ETA» y todos los enemigos de la democracia, que no por casualidad son tan indulgentes con la historia y las gentes de la banda terrorista. Lo son porque coinciden en una misma trama de intereses que comienza no sólo con la manipulación del lenguaje, como se ha dicho, sino con la perversa alteración de los contenidos, los significados, los conceptos que ese lenguaje invoca. La verdad es que no sólo se ha desvirtuado el concepto de «democracia» para negar que la nuestra lo sea y justificar los asesinatos de ETA en la España constitucional. Es que, para justificar esos asesinatos, se ha llegado a desvirtuar conceptualmente incluso la dictadura franquista. Tal operación, camuflada al amparo de la ley de Memoria Histórica, ha consistido en identificar sin ningún rigor el franquismo con el nazismo y la obligada condena de este último con una distorsión del pasado político de nuestro país que no resiste el menor análisis serio y que a quien favorece no es a la libertad sino a sus enemigos. Dicho de otro modo, si Franco fue Hitler, Carrero Blanco fue Goering, la Guardia Civil fue la Gestapo y ETA estuvo justificada. Habría sido la «Resistence» y Eisenhower, el comandante de las fuerzas aliadas en Normandía, el mayor colaboracionista desde que, en 1953, se instalaron en nuestro suelo las primeras bases americanas.

Si confundimos conceptos como el de «nazismo» con el de «autoritarismo» y no asumimos que el franquismo, quizá por su misma longevidad, fue un régimen que a lo largo de sus 39 años de vida pasó por distintas fases, desde su complicidad con las Fuerzas del Eje y su soledad autárquica hasta el desarrollismo económico, la llegada de los tecnócratas al poder y un cierto aperturismo social que fueron los que le permitieron sobrevivir hasta su autodisolución en 1977, no estamos sirviendo a la causa de la libertad sino dando coartadas a quienes hoy tienen más posibilidades de atentar contra ésta que la mutante, pragmática y extinta ideología franquista.

Contra esas coartadas, se ha publicado este año un libro esclarecedor -«Pardines. Cuando ETA empezó a matar»- que homenajea al guardia civil de 25 años que inauguró, hace medio siglo, una triste lista de asesinados que sobrepasaría los 850 nombres. Entre los trabajos, coordinados por Gaizka Fernández Soldevilla y Florencio Domínguez Iribarren, hay uno del historiador Santiago de Pablo que justamente desarma esa peregrina versión parahitleriana de la Dictadura. Hace alusión a una película filmada en 1963 por unos reporteros suecos en Aya, un pueblo guipuzcoano del corazón del País Vasco, en el que tiene lugar una festiva pelea de carneros y en el que puede verse a un agente de tricornio «riendo en actitud confiada y alegre, confraternizando con la gente del pueblo, que no hace ninguna mueca ante su presencia allí». El texto contrasta esa imagen con el asesinato de Pardines, que tendría lugar sólo 5 años después y a sólo 20 kilómetros del pueblo del documental sueco.

No. Ni el franquismo fue el Tercer Reich ni ETA empezó a matar porque la Legión Condor bombardeara Guernica y los terroristas heredaran «aquella violencia y lamento», como sostenía el comunicado de la banda del 20 de abril de este mismo año. ETA, como nos lo recuerda otro historiador, Juan Avilés Farré, en ese necesario libro, comenzó a asesinar en el marco de los terrorismos que surgieron a fines de los años 60 e inicios de los 70 en lugares tan distantes como Irlanda del Norte, Italia, Alemania, Japón o Estados Unidos. La gran exhumación democrática que tenemos pendiente los españoles, después de la de Franco y la del franquismo, es la de las herencias totalitarias de aquel 68 que algunos quieren resucitar en nombre de una izquierda sin pecado concebida.

Matizar, afinar, atinar en los conceptos y en su aplicación al análisis histórico de lo que realmente fue el franquismo no es ser franquista ni traicionar a la verdad sino lo contrario. Buscando la verdad, Hannah Arendt negó esa hiperbólica homologación de la España de Franco con la Alemania de Hitler, que hoy se pretende de manera nada inocente, y ni siquiera consideró totalitaria la Italia de Mussolini, etiqueta que sólo reservaba para el nazismo y el estalinismo. Hannah Arendt no se queda en el relato. Va al concepto que modela a éste. Como vivía en Estados Unidos, se libró de una soviética «Comisión de la Verdad» como ésa que postula la reforma que ahora planea el PSOE de la ley de Memoria Histórica del 2007 para decirles lo que tienen que escribir a los historiadores. Hay en nuestro país gente que sería capaz de acusar de «nazi» a la propia autora de «Los orígenes del totalitarismo».