Los pasados 21 de diciembre, 8 y 14 de enero respectivamente, se han producido tres actos públicos de exaltación terrorista en el País Vasco que han sido observados con displicencia e indiferencia distante por parte de los poderes públicos. Como si fuese normal que los asesinos sean recibidos en loor de multitudes al salir de la cárcel, o se reúnan en actos multitudinarios para reivindicar sus crímenes y exigir que no se cumplan las condenas impuestas por los tribunales y que no se investiguen los crímenes sin resolver, o que encabecen pancartas en manifestaciones a favor de los “presos” y de los “derechos humanos” que ellos no respetan para los demás.

El individuo que fue homenajeado en San Sebastián el 5 de enero es autor material o colaborador necesario de seis asesinatos y es uno más de los que casi semanalmente salen a la calle tras cumplir unas penas que jamás podrán resarcir el daño causado ni los años de vida robados a sus víctimas. Es uno más de esos criminales satisfechos de su maldad, orgullosos de su trayectoria, que no se esconden ni se avergüenzan, que no colaboran con la justicia, y que tienen la osadía de participar en concentraciones para reclamar que los pocos integrantes de la banda que aún quedan en prisión sean excarcelados sin más dilación. El acto del 8 de enero en Usurbil, en el que cientos de asesinos – a los que muchos llaman expresos para ocultar su verdadera condición- exigieron un “acuerdo político” para reclamar la “liberación de los presos” no es libertad de expresión, es apología del terrorismo y se debería haber impedido. Y el no haberlo hecho provoca que las víctimas de esos terroristas hayan tenido que, impotentes e inermes, ver sus caras y escuchar sus soflamas en los medios de comunicación.

La manifestación del pasado sábado en Bilbao en la que miles de personas reclamaron hipócritamente derechos humanos para los que ya los tienen garantizados por el Estado de Derecho, es otra demostración de desprecio hacia quienes verdaderamente han sufrido la vulneración brutal del principal de los derechos humanos que es el de la vida. Encabezaba la bochornosa manifestación una asesina, cuyo nombre no quiero reproducir, que fue condenada a 700 años de cárcel por haber matado a nueve personas y haber cometido un total de 21 actos terroristas.

No puede sorprendernos que ese submundo miserable se alimente de sentimientos de orgullo por haber matado, que considere a sus matarifes héroes y que pretenda para ellos la impunidad, pero no se entiende la renuncia a impedir ese alarde público por parte de quienes tienen la obligación de no tolerarlo. En cualquier país de nuestro entorno sería simplemente inconcebible lo que está ocurriendo aquí, este ominoso pacto de silencio, este dejar hacer, franqueando no solo la más elemental moral social sino incluso permitiendo flagrantes incumplimientos de la ley.

Esa indiferencia de quienes deberían custodiar con gratitud la memoria y la dignidad de las 854 personas asesinadas por Eta y de los miles de amenazados y perseguidos, duele, duele profundamente, y humilla al conjunto de la sociedad española, a la que la pasividad de los gobernantes está conduciendo hacia la atrofia moral y la anestesia colectiva. ¿Conseguirá Eta su objetivo de una situación sin “presos, exiliados, ni deportados”? Si es así, el Estado de Derecho habrá renunciado a la justicia, porque lo que ellos llaman exiliados y deportados, son criminales con causas pendientes que no vuelven para no ser juzgados. Y no olvidemos que existen todavía más de 300 crímenes sin resolver que la justicia debe investigar.

Ya se lo decían en diciembre de 2013 a los familiares de las víctimas cuando acudieron a homenajearlas en las localidades del País Vasco en que habían sido asesinadas “los vuestros en el hoyo y los nuestros en la calle“. Tres años después, es aún peor. Los suyos no solo están en la calle, sino que reciben homenajes, convocan concentraciones, participan en manifestaciones reclamando “derechos humanos” y están en las instituciones.

¿Es necesaria tanta vejación para derrotar a Eta? Yo suplico, ruego, imploro al Estado que no nos arrastre a la indignidad, que enarbole con firmeza la bandera de la decencia, de la justicia y de la ley que nos asiste para no tolerar lo intolerable. Y que actúe.