No me refiero a los errores que cometemos todos, sino a muchos disparates, realizados por nuestros políticos actuales, en el terreno de la lengua: algo que tiene muy graves consecuencias para la pacífica convivencia de los españoles.

Con los Reyes Católicos, se consumó la unidad de España y lo que, hasta entonces, era el castellano, se convirtió en el español, la lengua nacional. (Resume esto el título de un importante libro de Amado Alonso, que harían bien en leer políticos y periodistas: «Castellano, español, idioma nacional»). Y esa lengua adquirió proyección universal, en Hispanoamérica.

La lengua española alcanzó cumbres estéticas en nuestros escritores de los Siglos de Oro, mientras que decaía el uso literario del catalán y el gallego. (Sólo lo recuperarán en la segunda mitad del XIX, gracias al nacionalismo romántico; la lengua vasca seguirá reducida a un uso familiar y rural, hasta el XX).

De un modo sectario e ignorante, es frecuente ahora atribuir este proceso histórico a la imposición de una lengua y la represión de las otras. Sencillamente, no es así: si cualquier español actual intenta que sus hijos aprendan el inglés, no es porque lo ordene Trump, ni tiene que ver con que estemos o no de acuerdo con sus políticas; sencillamente, sabemos que ese conocimiento del inglés les va a ser útil.

Cuando una nación ocupa un lugar preeminente, su lengua se expande. Así sucedió con el español, en el XVI; con el francés, en el XVIII; con el inglés, en el XIX y el XX.

¿Cómo se llama nuestra lengua, castellano o español? Los dos nombres son rigurosamente sinónimos: así lo consagra nuestra Constitución, por una enmienda de Camilo José Cela. Ya nuestro primer diccionario, el de Sebastián de Covarrubias, se titulaba «Tesoro de la lengua castellana o española» (1611).

Las otras lenguas que se hablan en España también son españolas, por supuesto, pero la que llamamos por antonomasia lengua española es la que tuvo su origen en el antiguo castellano. Subrayo lo de «por antonomasia», que es bien claro.

La lengua oficial de una nación suele tomar el nombre de ella, aunque haya surgido en una de sus regiones: hablamos de «lengua italiana», no «toscana». Lo comprobamos en la traducción a otro idioma: en inglés, se habla de «spanish language», no de «castilian language»; en francés, de «langue espagnole», no de «langue de Castille»…

Un tópico repetido afirma que todas las lenguas son iguales. En este caso, no es así, por una clarísima razón lingüística, no política: el español es la lengua común, en la que se entienden los españoles de todas las regiones. Un gallego y un vasco, por ejemplo, pueden entenderse en la lengua española que tienen en común y que les une.

Justamente eso es lo que también propuso añadir Cela al texto de la Constitución, en la discusión del proyecto: que esa lengua «es también la común de todos los españoles». Otro senador por designación real, Justino de Azcárate, de inequívoca tradición republicana e institucionista, intentó añadir otra frase: «Nadie podrá ser obligado a conocer o usar una lengua regional». Así, se hubiera mantenido el mismo texto de la Constitución de 1931. Por desgracia, ninguna de estas dos propuestas fueron aceptadas: ¡cuántos dislates se hubieran podido evitar!

Hoy, en todas las regiones españolas que tienen lengua propia, se suele imponer ésta, en la enseñanza; ya hemos visto a qué lamentable adoctrinamiento puede ir eso unido. Además, en las oposiciones a funcionarios, es requisito imprescindible o se da más valor al conocimiento de esa lengua que a otros criterios de competencia. ¿Quién podría oponerse a ese chantaje?

La guerra contra la lengua común de todos los españoles ha llegado al extremo de que un senador andaluz, que vive en Cataluña, se dirija, en catalán, a otro, también andaluz, y tengan que utilizar traductor: el llamado «teatro del absurdo» no había alcanzado nada comparable.

En el terreno literario, el tema de las traducciones innecesarias es flagrante. Necesitamos una traducción para leer a un gran autor solamente cuando no dominamos la lengua en que ha escrito. En la España actual, eso ya no sucede. He asistido, en Barcelona, a la representación de una obra de Pablo Neruda, «Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta», traducida al catalán, aunque todos los asistentes podían entenderla en su lengua original.

No es algo exclusivo de Cataluña. Cuando se creó el Centro Dramático Galego, se intentó traducir al gallego, para representarla, alguna obra de Valle-Inclán. Felizmente, sus herederos se negaron… y no se representó al máximo dramaturgo de Galicia.

Supone esto olvidar que la libertad básica de cualquier escritor consiste en escribir en la lengua que quiere; más exactamente, en la que le sale, de modo natural. Igual que rezamos o maldecimos, en una lengua y no en otra.

Los nacionalismos han llegado a inventarse lenguas, exigiendo que se reconozcan como tales simples variedades fonéticas, sin riqueza cultural ni literaria, como la fabla aragonesa y el bable asturiano. (Por negarle al bable esa condición sufrieron una persecución dos de las más eminentes figuras asturianas, el filósofo Gustavo Bueno y el lingüista Emilio Alarcos).

Además de la vanidad paleta que supone inventarse «hechos diferenciales», ¿qué finalidad se pretende, con todo esto? Un simple y claro negocio: que se creen cátedras, departamentos, puestos de profesores, becas; también, un mercado editorial artificial, falso: el gobierno vasco del PNV, por ejemplo, garantizaba a cualquier libro editado en euskera la subvención necesaria para que la editorial cubriera los gastos, aunque no se vendiera ningún ejemplar.

En Cataluña, de hecho, se niega el bilingüismo, se quiere imponer una sola lengua. La Generalitat sólo ha considerado autores catalanes, por ejemplo, para la Feria de Frankfurt, a los que escribían en catalán, aunque renunciara, así, a los mejores: Marsé, Matute, Mendoza, los Goytisolo, Ruiz Zafón, Cercas…

El independentismo busca privar a un pueblo del inmenso tesoro, cultural y económico, que supone la lengua española, una de las más importantes del mundo. Un 23 de abril, le pregunté, por la radio, a Jordi Pujol, si no le interesaba Cervantes y me contestó rotundamente: «No. Sólo me interesa Goethe». ¡Peor para él! Éste era el presunto «español del año»…

Supone todo esto no respetar la libertad de los que eligen hablar o escribir en una lengua; también, intentar separar a los españoles; en el fondo, usar la lengua como un arma política, no como un instrumento para entendernos.

Nuestra Constitución se basaba en la lealtad a la patria común: la permanente deslealtad de los independentistas ha conducido a este cúmulo de disparates. Para corregirlo, haría falta un notable coraje político: por desgracia, no lo veo por ningún lado.