Desde hace años algunos venimos denunciando que el desafío separatista que sufrimos en España no es responsabilidad exclusiva de los partidos nacionalistas propiamente dichos. El ejemplo es Baleares, una comunidad autónoma que no ha sido gobernada nunca por un partido nacionalista/separatista, pero que cuenta con un sistema de enseñanza que se utiliza para adoctrinar en el nacionalismo desde hace más de treinta años, exactamente igual que en Cataluña. Esto ha sido posible gracias a una legislación aprobada por el PP, una esmerada aplicación de la misma por parte del PSOE cuando ha gobernado y el incumplimiento de las sentencias de los altos tribunales. No ha hecho falta que un partido nacionalista haya gobernado durante décadas, como CiU en Cataluña. Los llamados partidos «constitucionalistas» han asumido, por acción y por omisión, sus postulados. La presidenta del gobierno balear, Francina Armengol, del PSIB-PSOE es la mejor demostración de que el Partido Socialista es un partido nacionalista más.

Armengol, la que fuera militante del «Bloc d’Estudiants Independentistes» cuando estudiaba la carrera de Farmacia en Barcelona, se siente cómoda con sus socios separatistas de MES, esos que aplauden a Otegui y se definen como la marca de Bildu en Baleares. La línea política transversal de su acción de gobierno pasa por la imposición del catalán en todos los ámbitos, incluido el privado, con especial ensañamiento y componente ideológico en las escuelas. Es la inmersión obligatoria en catalán el pilar básico sobre el que se construye el adoctrinamiento político nacionalista. Una construcción cementada sobre ingentes cantidades de dinero público. Sólo en partidas presupuestarias dedicadas a «política lingüística» y subvenciones a la Obra Cultural Balear y sus múltiples satélites, sucursales de Omnium y ANC, el Gobierno socialista lleva invertido más de cinco millones de euros públicos.

Armengol, la embajadora de Puigdemont en las «conferencias de presidentes», la que se ha opuesto abiertamente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y a las detenciones de los golpistas, la que financia e inaugura sedes del «Institut Ramon Llull», instrumento pseudocultural al servicio del Gobierno de la Generalidad catalana, la firme defensora de los llamados «países catalanes», tiene claro que la Educación es clave para que el nacionalismo catalanista siga avanzando. Por ello, a través del consejero de educación, Martí March, se ha intensificado el adoctrinamiento que llevamos sufriendo en Baleares desde hace años, gobierno tras gobierno no nacionalista.

Los alumnos de Baleares son sometidos a un lavado de cerebro pancatalanista al más puro estilo comunista por parte de sus profesores, militantes del sindicato STEI-i, de la autodenominada «Assemblea de docents» o de la plataforma «Crida», organizaciones que pretenden la anexión de Baleares a la Cataluña separatista, y cuyos líderes han sido recompensados por Armengol y March con cargos públicos bien remunerados en la consejería de educación.

Si algo positivo podemos sacar los ciudadanos de Baleares del golpe de Estado separatista es que la atención mediática por fin se haya fijado en aquellos territorios que, como Baleares, y también Valencia, están incluidos en el proyecto separatista catalán. Gracias a las denuncias públicas de casos de adoctrinamiento que han ido viendo la luz a pesar del miedo que sufren alumnos, padres, y algunos profesores que no comulgan con la dictadura catalanista, se ha dado a conocer que estamos ante un problema nacional que empezó con la transferencia de la competencia de Educación a las comunidades autónomas.

En el ámbito más importante para nuestro futuro, la Educación, el panorama es desolador: el catalanismo controla el sector educativo utilizando a menores para realizar acciones ilegales, se imparten contenidos de alta carga ideológica, se invita a dar charlas a condenados por enaltecimiento del terrorismo o se reescribe la historia de Baleares y España. Las denuncias se acumulan en la Consejería de Educación sin resolverse, negando su existencia los responsables políticos. Los padres no tienen derecho a elegir la lengua de enseñanza, los que lo solicitan son insultados públicamente por sus gobernantes y se les prohíbe escolarizar en español. Los progenitores interesados en que sus hijos aprendan el mallorquín, menorquín e ibicenco comprueban que se enseña un catalán estándar que acaba con la lengua de sus padres. La educación, el futuro de nuestros hijos, en manos de unos ayatolás que hacen de las aulas sus mezquitas desde donde convertir a los infieles al pancatalanismo. El separatismo crece si los nacionalistas controlan la Educación.

Tomen a Baleares como ejemplo del éxito del nacionalismo. Ahí está su mejor embajadora, Francina Armengol, secretaria general del PSIB-PSOE, artífice del peor resultado electoral de la historia de su partido y, no obstante, dirigiendo los designios del antiguo Reino de Mallorca, hoy integrante en los libros de texto y en las pizarras de colegios e institutos de esa entelequia llamada «países catalanes».